En Estados Unidos, el nombre de ICE (Immigration and Customs Enforcement) se ha convertido en sinónimo de miedo, impunidad y violencia institucional. Lo que durante años fue presentado como una agencia administrativa dedicada al control migratorio hoy opera, en la práctica, como una fuerza militarizada con licencia para aterrorizar comunidades, vulnerar derechos civiles y —cada vez con más frecuencia— matar personas. Las recientes redadas masivas, las muertes de civiles en Minnesota y la escalada de la llamada Operation Metro Surge marcan un punto de inflexión que exige una crítica frontal, profunda y urgente.
No estamos ante incidentes aislados ni “errores” operativos. Estamos frente a un patrón estructural de brutalidad, racismo institucional y desprecio por la vida humana, legitimado por un discurso político que convierte a los inmigrantes —y, cada vez más, a cualquier ciudadano crítico— en enemigos internos.
Un patrón de violencia que ya no puede ocultarse
En enero de 2026, dos ciudadanos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, murieron tras intervenciones de agentes federales en Minneapolis. Ambos casos fueron grabados, difundidos y ampliamente cuestionados por la opinión pública. Lejos de mostrar amenazas claras e inminentes contra los agentes, los videos sugieren un uso desproporcionado de la fuerza contra civiles desarmados o en situaciones que podrían haberse resuelto sin recurrir a armas letales .
Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, fue abatido mientras grababa a los agentes y trataba de auxiliar a otras personas. Renée Good, madre de tres hijos, murió en medio de una redada marcada por el caos, la agresividad y la falta de protocolos de desescalada. Estas muertes no solo han generado indignación nacional; han provocado protestas masivas, demandas judiciales y llamados de alcaldes, gobernadores y organizaciones civiles para retirar a ICE de sus comunidades.
La respuesta federal, sin embargo, no ha sido la introspección ni la rendición de cuentas. Ha sido, en gran medida, la negación, la propaganda y la redoblación de la presencia policial.
Operation Metro Surge: deportación con estética militar
La Operation Metro Surge representa una nueva fase en la estrategia migratoria estadounidense: redadas masivas, despliegues paramilitares y miles de arrestos en áreas metropolitanas, particularmente en Minnesota. Según datos públicos, la operación ha implicado miles de detenciones y al menos tres muertes vinculadas directamente a acciones de ICE o agencias asociadas .
Esta operación no se limita a detener a personas con antecedentes criminales graves, como suele justificar el discurso oficial. Se ha dirigido también contra trabajadores, familias, solicitantes de asilo y residentes de larga duración, muchos de ellos sin historial delictivo. En la práctica, la línea entre “seguridad pública” y persecución étnica se ha vuelto peligrosamente difusa.
Lo que se está diciendo, aunque no se verbalice, es que hay personas prescindibles, vidas negociables y comunidades enteras tratadas como territorio enemigo.
Criminalizar la migración es criminalizar la pobreza
Desde una perspectiva progresista, resulta imposible separar la violencia de ICE del contexto económico y político que la sustenta. Estados Unidos depende estructuralmente del trabajo migrante: en la agricultura, la construcción, la hostelería, los cuidados. Sin embargo, el mismo sistema que se beneficia de esa fuerza laboral la demoniza, la precariza y la expulsa cuando conviene políticamente.
ICE se ha convertido en el brazo armado de una narrativa que presenta a los inmigrantes como delincuentes, invasores o amenazas culturales. Esa narrativa no es inocente: alimenta el nacionalismo extremo, legitima políticas autoritarias y distrae de problemas reales como la desigualdad, la crisis sanitaria o la concentración obscena de la riqueza.
Mientras los multimillonarios evaden impuestos y las corporaciones contaminan impunemente, ICE irrumpe en hogares de familias trabajadoras para separar padres de hijos y sembrar terror.
De la “seguridad” al autoritarismo
Lo más alarmante no es solo la violencia directa, sino la normalización de esa violencia. Cuando agentes federales disparan a civiles y la respuesta oficial es justificar el acto, ocultar pruebas o desacreditar a las víctimas, estamos ante un deterioro profundo del Estado de derecho.
Las tensiones entre autoridades federales y gobiernos locales —como las demandas presentadas por Minnesota y ciudades como Minneapolis y St. Paul— reflejan una crisis constitucional: ¿hasta qué punto puede el gobierno federal imponer operaciones policiales agresivas en contra de la voluntad de comunidades enteras?
Además, el rápido crecimiento de ICE, acompañado de contrataciones aceleradas y formación insuficiente, ha generado un cuerpo armado con demasiado poder y muy poco control. La combinación de impunidad, ideología punitiva y armamento crea un cóctel explosivo.
El impacto humano: trauma, miedo y comunidades heridas
Detrás de cada estadística hay vidas rotas. Niños que vuelven del colegio para descubrir que sus padres han sido deportados. Personas que dejan de acudir a hospitales por miedo a ser detenidas. Testigos que ven cómo sus vecinos son esposados en la calle como si fueran criminales peligrosos.
Las redadas no solo afectan a inmigrantes indocumentados. Generan un clima de terror que alcanza a ciudadanos, residentes legales, trabajadores esenciales y activistas. El miedo se convierte en herramienta de control social.
Desde un punto de vista moral, esto es indefendible. Desde un punto de vista político, es una señal clara de deriva autoritaria.
La resistencia crece: protestas, boicots y desobediencia civil
La reacción social ante las muertes en Minnesota ha sido contundente. Protestas en cientos de ciudades, huelgas estudiantiles, llamados de líderes religiosos, sindicales y empresariales para reducir o cortar la financiación de ICE reflejan un cambio de clima político .
El lema “No work. No school. No shopping. Stop funding ICE” resume un sentimiento cada vez más extendido: la idea de que ICE, tal como opera hoy, no es reformable, sino estructuralmente dañina.
Incluso sectores tradicionalmente moderados —como grandes empresas, universidades o figuras públicas— han comenzado a exigir desescalada, transparencia y responsabilidad. Esto indica que la brutalidad ha cruzado un umbral que ya no puede ignorarse.
Reformar, desmantelar o abolir
La gran pregunta es qué hacer con ICE. Para algunos, bastan reformas internas: mejor formación, más supervisión, protocolos más estrictos. Para otros —especialmente desde la izquierda progresista— el problema es más profundo: ICE nació con una lógica de criminalización de la migración y difícilmente puede transformarse en una institución humanitaria.
Abolir ICE no significa eliminar el control migratorio, sino replantearlo desde una perspectiva de derechos humanos, justicia social y cooperación internacional. Significa sustituir la lógica del castigo por políticas de acogida, regularización y protección de las personas vulnerables.
Significa reconocer que nadie es ilegal.
Una cuestión de valores: ¿qué tipo de país quiere ser Estados Unidos?
Las manos ensangrentadas de ICE son un espejo incómodo para la sociedad estadounidense. Reflejan un país que, en nombre de la “seguridad”, está dispuesto a sacrificar libertades civiles, normalizar la violencia estatal y aceptar la muerte de inocentes.
Pero también reflejan una oportunidad. La oportunidad de decir basta. De rechazar la política del miedo. De construir un modelo migratorio basado en la dignidad humana y no en la represión.
La historia juzgará este momento. Juzgará si Estados Unidos eligió profundizar en el autoritarismo o si tuvo el coraje de corregir el rumbo.
Y mientras tanto, las víctimas —Renée Good, Alex Pretti y tantas otras— nos recuerdan que esto no es un debate abstracto. Es una cuestión de vida o muerte.