La historia reciente de España es, en buena medida, la historia de una transición diseñada para cerrar heridas sin abrir debates. Una transición que, aunque permitió dejar atrás una dictadura de casi cuarenta años, también heredó elementos estructurales que han condicionado el desarrollo democrático del país. Hoy, cuando los derechos conquistados durante décadas vuelven a estar en riesgo y la extrema derecha ocupa un espacio social y político impensable hace solo unos años, se hace imprescindible revisar con honestidad ese legado. No para reescribir la historia, sino para entenderla y transformarla. Y en ese ejercicio, la izquierda debe reencontrarse, reconstruirse y actuar unida con la determinación que exigen los tiempos.
La cesión educativa de la transición: un error estratégico con consecuencias profundas
Uno de los errores más influyentes de los primeros gobiernos socialistas fue la entrega de una parte sustancial del sistema educativo a la iniciativa privada mediante el sistema de conciertos. Durante los gobiernos de Felipe González, la necesidad de ampliar la oferta escolar en un país que despertaba a la modernidad convivió con una voluntad política de mantener equilibrios con sectores conservadores —especialmente la jerarquía eclesiástica— que no habían sido depurados tras la dictadura. Aquella decisión, aparentemente pragmática, acabó convirtiéndose en un mecanismo estructural que consolidó el peso de la educación privada-concertada como un pilar más del sistema público.
Lo que en un primer momento se justificó como una medida transitoria se convirtió, con los años, en una anomalía democrática: la financiación pública de proyectos educativos privados con ideologías propias, agendas particulares y, en demasiadas ocasiones, una visión del país y de la ciudadanía profundamente conservadora. Mientras otras democracias europeas avanzaban hacia modelos educativos plenamente públicos, España se ataba a un modelo híbrido donde lo privado, en lugar de complementario, se volvía determinante.
Las consecuencias están a la vista. La escuela, que debería ser el espacio privilegiado para formar ciudadanía crítica y democrática, ha vivido atrapada entre dos identidades: la pública, debilitada por décadas de infrafinanciación, y la concertada, fortalecida por recursos continuados y por el respaldo de los sectores sociales más influyentes. Y así, durante décadas, el sistema educativo ha evitado abordar con la profundidad necesaria los males de la dictadura, las causas del golpe del 36, la maquinaria represiva del franquismo o la necesidad de una memoria democrática activa.
Esto no es casualidad. Es el resultado directo de un diseño que cedió parte de la formación del pensamiento crítico a instituciones privadas con intereses ajenos a los de una ciudadanía plenamente consciente de su historia.
Una justicia heredada del franquismo: la transición que nunca llegó
Pero si la educación quedó atrapada en las inercias de la transición, el poder judicial es quizá el ejemplo más paradigmático de la continuidad franquista. El Tribunal de Orden Público, el instrumento jurídico encargado de perseguir, juzgar y condenar la disidencia política, sindical y cultural durante la dictadura, no fue reformado ni sometido a una verdadera depuración democrática con la llegada de la democracia. Simplemente cambió de nombre. Al día siguiente de la aprobación de la Constitución, muchos de los mismos jueces que habían firmado sentencias represivas pasaron a formar parte de las nuevas estructuras judiciales del Estado, incluido el Tribunal Supremo.
Aquella decisión —o, más bien, aquella renuncia— dejó intacto un estamento judicial que había sido formado en los valores del nacionalcatolicismo, en la obediencia ciega al orden franquista y en la hostilidad hacia las ideologías progresistas. Una justicia que, en lugar de reinventarse como un poder independiente plenamente democrático, permaneció anclada en una cultura corporativa conservadora y autorreferencial.
No es casualidad que ese mismo estamento judicial se haya convertido en una palanca fundamental al servicio de la derecha y la extrema derecha en España. Los ejemplos recientes son numerosos: ausencia de renovación del Consejo General del Poder Judicial, intervenciones judiciales sobre decisiones parlamentarias y ejecutivas, instrumentalización política del Tribunal Constitucional o actuaciones judiciales que, según amplios sectores de la sociedad, parecen más destinadas a influir en el clima político que a impartir justicia.
En muchos casos, lo que debería ser un poder autónomo e imparcial se comporta como un actor político más, siempre alineado con los sectores conservadores del país. Una vez más, la transición dejó abierto un socavón que hoy se ha convertido en una amenaza para la propia democracia.
La división histórica de la izquierda: un lastre que nos trae hasta el presente
Pero si el poder judicial y el sistema educativo son dos de las grandes herencias no resueltas de la transición, la izquierda también ha sido víctima de su propia historia. La división secular de las fuerzas progresistas ha debilitado sistemáticamente la capacidad de transformación social del país. Esta fractura, que tiene raíces históricas profundas, se ha repetido una y otra vez: desde la República hasta la transición, desde la lucha anti-franquista hasta el presente.
Las distintas familias de la izquierda —socialista, comunista, verde, municipalista, feminista, republicana— han compartido valores y objetivos fundamentales, pero han competido entre sí de manera constante. Esa competencia ha restado fuerza en momentos decisivos y ha permitido que los proyectos conservadores, más cohesionados y disciplinados, ocuparan espacios de poder que luego han utilizado para frenar o revertir avances democráticos.
La derecha ha entendido siempre que la unidad es poder; la izquierda, que la pluralidad es riqueza. Pero esa pluralidad, sin un horizonte común firme, se convierte en dispersión. Y hoy, esa dispersión es un lujo que España no puede permitirse.
Una democracia en riesgo
Los derechos conquistados desde 1978 —derechos laborales, sociales, civiles, educativos, democráticos— se encuentran hoy bajo un ataque organizado. No es un fenómeno aislado ni exclusivo de España: ocurre en buena parte de Europa, donde la extrema derecha ha logrado articular discursos de odio, desinformación y resentimiento, presentándose como alternativa a los problemas del presente.
Pero en España existe una particularidad: la extrema derecha no surge como reacción a la crisis económica ni como respuesta espontánea al malestar social, sino como continuación de una tradición autoritaria profundamente enraizada en nuestra historia contemporánea. Es heredera directa, sin rupturas ni matices, del franquismo sociológico que nunca se desactivó.
Cuando la extrema derecha crece, no lo hace desde la nada: lo hace apoyándose en los poderes que nunca abandonaron su cultura política franquista, en los medios que han operado durante décadas como altavoces del conservadurismo más rancio, y en un sistema educativo que durante demasiado tiempo evitó explicar de manera clara y honesta los peligros del autoritarismo.
La democracia española, con todas sus virtudes, adolece de una debilidad estructural: no se construyó sobre la verdad ni sobre la depuración del pasado, sino sobre el pacto del silencio. Ese silencio, hoy, se vuelve en contra de sus propios fundamentos.
La necesidad urgente de una unión amplia y estratégica de la izquierda
Ante este panorama, la conclusión se impone con una claridad incontestable: la izquierda no puede permitirse continuar dividida. No en este momento histórico. No con estos riesgos. No con estas amenazas. No cuando la derecha y la extrema derecha avanzan hacia una alianza estratégica destinada a desmantelar progresivamente el Estado social, a frenar los desarrollos constitucionales pendientes y a recentralizar el poder en beneficio de los sectores más conservadores.
La Constitución de 1978, pese a sus límites, contiene un proyecto social avanzado: reconoce derechos fundamentales, mandata la construcción de un Estado social y democrático de derecho, garantiza la igualdad de género, reclama políticas que aseguren la redistribución de la riqueza, la educación pública, la participación democrática y la protección social. Muchas de esas promesas siguen sin cumplirse plenamente. Y solo una izquierda unida, capaz de coordinarse, planificar y actuar con ambición, puede hacerlo posible.
La unidad no significa uniformidad. No exige que las distintas tradiciones políticas pierdan su identidad. Exige, simplemente, que ante el retroceso democrático que se avecina, la izquierda responda con un frente común. Un frente capaz de profundizar en el desarrollo constitucional, de democratizar la justicia, de blindar la educación pública y de situar a España definitivamente en el marco de las democracias plenas y maduras de Europa.
La izquierda tiene la responsabilidad histórica de cerrar, por fin, las heridas de la transición. De completar el proyecto democrático que quedó inconcluso. De impedir que las sombras del pasado vuelvan a imponerse sobre el presente.
La democracia española no necesita equilibrios imposibles con quienes niegan su legitimidad. Necesita una izquierda unida, valiente y decidida. Una izquierda que asuma su papel en este momento crítico y que, con la fuerza de la pluralidad y la convicción común, arrincone de una vez por todas a la derecha y la extrema derecha que amenazan los pilares mismos de nuestra convivencia.
Hoy, más que nunca, la unidad no es una opción: es una obligación histórica. Solo así será posible avanzar. Solo así será posible proteger lo conquistado. Solo así será posible construir el futuro democrático que este país merece.
Muy buen artículo, Javier. 👏🏼👏🏼👏🏼