La frase “atado y bien atado” ha flotado durante décadas como un residuo incómodo del pasado autoritario español. Se repetía en conversaciones críticas, en comentarios amargos, en diagnósticos sobre esa democracia que, aunque consolidada, arrastraba inercias difíciles de desenredar. Hoy, tras la reciente sentencia del fiscal general —más allá del contenido técnico del fallo y de su impacto jurídico inmediato— muchos ciudadanos han sentido algo más visceral: la constatación de que ciertas estructuras de poder, ciertas lógicas institucionales y ciertas inercias ideológicas no sólo sobreviven, sino que se activan cuando el tablero político amenaza con moverse demasiado.
Y es ahí donde emerge con fuerza el concepto de lawfare, una palabra que, aunque tardó en popularizarse en España, describe un fenómeno detectable: el uso político de la ley y de las instituciones judiciales para disciplinar, erosionar o neutralizar adversarios políticos, especialmente cuando éstos representan proyectos que incomodan a los sectores más conservadores del Estado.
La sentencia del fiscal general —o más exactamente, la lectura política que se desprende de su razonamiento jurídico— ha reavivado el debate sobre hasta qué punto determinadas decisiones jurídicas pueden estar atravesadas por motivaciones ideológicas enquistadas en el aparato del Estado. Y, sobre todo, qué significa eso para una democracia madura que aspira a que sus instituciones funcionen con neutralidad.
1. El eco de una estructura histórica
Para comprender por qué esta sentencia ha generado tal sacudida, no basta situarla en el contexto presente. Es necesario mirar hacia atrás. Durante la transición española, el discurso oficial fue que se produjo una ruptura “de facto” con el pasado autoritario. Sin embargo, en muchos ámbitos —y especialmente en el judicial— lo que prevaleció fue más bien una reforma limitada, un continuismo suavizado.
Muchos juristas han advertido que la judicatura española arrastró durante décadas una composición profundamente conservadora, forjada en un sistema donde la separación de poderes era inexistente y la obediencia ideológica era casi obligatoria. Aunque este marco se ha ido abriendo progresivamente, la cultura institucional no cambia al ritmo de las leyes. Cambia al ritmo de las generaciones.
Si hoy entendemos mejor aquello de “atado y bien atado”, es porque observamos cómo determinadas decisiones judiciales siguen respondiendo a lógicas que parecen alinearse más con los intereses de un bloque político que con la neutralidad constitucional. No se trata de afirmar que exista una conspiración articulada, sino de señalar la persistencia de un sesgo estructural que determinados sectores políticos han sabido activar, amplificar o instrumentalizar.
2. ¿Qué entendemos por lawfare en el contexto español?
El lawfare —la guerra jurídica— no es simplemente “judicialización de la política”. Esta última puede ser positiva: en una democracia, recurrir a los tribunales para resolver conflictos institucionales es normal. El lawfare, en cambio, implica:
1. Uso estratégico del aparato judicial con fines políticos, no para hacer justicia sino para obtener ventajas partidistas.
2. Acusaciones infladas o instrumentalizadas, donde el contenido jurídico es solo una excusa para un fin político.
3. Sincronización entre actores mediáticos y judiciales, donde filtraciones, titulares y autos se retroalimentan.
4. Persecución selectiva, donde unos actores políticos son escrutados con lupa mientras otros disfrutan de indulgencia.
5. Castigo procesal, donde el objetivo no es necesariamente la condena, sino el desgaste mediático, económico y emocional del adversario.
Ninguno de estos elementos por sí solo define el lawfare, pero su acumulación sí lo hace reconocible.
En el caso de la sentencia del fiscal general, lo que ha suscitado preocupación no es únicamente su contenido, sino la sensación de que forma parte de un patrón más amplio: uno en el que algunos sectores conservadores del poder judicial parecen actuar como contrapeso militante frente a gobiernos o actores progresistas, especialmente en momentos de polarización.
3. El papel de los sectores conservadores y el “bloqueo institucional”
La crítica más repetida en los últimos años señala que una parte significativa de las instituciones españolas funciona como un freno cuando gobierna la izquierda y como un acelerador cuando gobierna la derecha. El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es quizá el ejemplo más evidente: un órgano caducado durante años, sostenido artificialmente por mayorías conservadoras que se benefician del statu quo.
Este inmovilismo no es neutro. Condiciona nombramientos, orienta la cultura interna de la judicatura y refuerza dinámicas corporativas que favorecen a quienes siempre han ocupado el centro de decisión. Desde ese contexto, decisiones como la sentencia del fiscal general no pueden analizarse solo técnicamente: su significado político se filtra inevitablemente.
Cuando la derecha española —especialmente su sector más duro— ve amenazados sus marcos de poder, activa un ecosistema que incluye parte del poder judicial, parte de los grandes medios y parte del aparato político. No porque exista un “plan maestro”, sino porque comparten una misma cosmovisión, una misma noción de “orden” y una misma idea de quiénes pueden o no pueden gobernar legítimamente.
4. La retórica del desorden y la defensa del statu quo
Un elemento clave del lawfare derechista es la construcción de una narrativa de desorden. Cada gesto gubernamental que cuestione inercias, cada reforma que altere la distribución de poder heredada, cada intento de democratización institucional es retratado como una amenaza a la estabilidad.
La sentencia del fiscal general se inscribe en este marco retórico. Sus defensores la presentan como un acto de defensa del Estado de derecho; sus detractores la interpretan como un ejemplo de que el Estado de derecho es invocado solo cuando protege intereses conservadores. Esta tensión muestra cómo el propio concepto de legalidad se convierte en campo de batalla.
Los sectores más conservadores han logrado algo notable: presentar su visión del orden institucional como la única legítima. Cualquier intento de reformarlo es denunciado como “asalto”, “injerencia” o “golpe institucional”. Pero cuando son ellos quienes tensan o utilizan las instituciones para favorecer sus intereses, se recurre a la idea de “independencia judicial”.
Este doble rasero es un elemento central del lawfare. La ley no se usa para defender el Estado de derecho, sino para blindar un modelo de Estado ideológicamente parcial.
5. La erosión de la confianza pública: el daño más profundo
Quizá el efecto más devastador del lawfare no es el daño político a sus objetivos, sino la erosión de la confianza ciudadana. Cuando amplios sectores de la sociedad empiezan a percibir que la justicia no es imparcial, sino predecible según la orientación política de los implicados, la democracia se debilita.
El problema de la sentencia del fiscal general no es solo su contenido, sino el mensaje que emite: el de que ciertas figuras del Estado pueden actuar de manera aparentemente alineada con una agenda ideológica sin consecuencias. Y esto no solo afecta al gobierno de turno; afecta a toda la ciudadanía, porque implica que la justicia no es un espacio de neutralidad, sino un terreno de poder.
6. El “atado y bien atado” como estructura mental y no como conspiración
Entender hoy “lo de atado y bien atado” no significa adoptar un discurso conspirativo. Significa reconocer que hay estructuras que se perpetúan: hábitos, redes, afinidades, códigos no escritos, culturas corporativas. No hace falta que alguien dé órdenes: basta con que muchos actúen según la misma lógica, reforzados por un ecosistema que premia a quienes mantienen el statu quo y castiga a quienes lo desafían.
El lawfare funciona precisamente porque no requiere una arquitectura jerárquica. Es un fenómeno distribuido, sistémico, autoalimentado. La sentencia del fiscal general es solo un nudo más en esa red.
7. ¿Qué hacer ante esta situación?
El desafío no es menor. Combatir el lawfare requiere estrategias combinadas:
1. Reforma profunda del CGPJ, con mecanismos que reduzcan la captura partidista.
2. Transparencia radical en los procesos judiciales, evitando filtraciones selectivas.
3. Educación institucional dentro de la judicatura, centrada en la imparcialidad y en la ética pública.
4. Reforma mediática, que reduzca la dependencia de conglomerados ideológicos.
5. Capacidad política para construir mayorías que rompan inercias.
6. Un debate público honesto sobre la independencia judicial, sin tabúes ni mitificaciones.
El objetivo no es “controlar” la justicia, sino desactivar las inercias de control existentes.
Conclusión
La sentencia del fiscal general ha actuado como un espejo. En él se reflejan tensiones que llevaban años gestándose: la persistencia de estructuras conservadoras en el aparato judicial, la facilidad con la que ciertos sectores usan el poder institucional como arma política, y la dificultad de avanzar hacia una democracia plenamente desmilitarizada del pasado.
Hoy entendemos mejor aquello de “atado y bien atado” no porque exista una mano invisible que mueve los hilos, sino porque comprendemos que las estructuras de poder, cuando no se reforman, se defienden a sí mismas. Y en esa defensa, la ley puede convertirse en trinchera. Pero también puede ser la herramienta para construir un Estado más justo, si se tiene la voluntad política y social para transformarla.
La tarea está lejos de terminar. Pero identificar el lawfare es el primer paso para desmontarlo.