«Prioridad nacional»: cuando la derecha española se pone el traje pardo
Hay palabras que parecen nuevas pero huelen a viejo. Muy viejo. «Prioridad nacional» suena a eslogan de marketing político, a frase hecha para quedar bien en un titular de televisión. Pero si uno se para a mirar de dónde viene esa idea, el olor que desprende es otro. Es el de la Historia con mayúsculas. Y no la parte bonita.
Empecemos por el principio. El 15 de septiembre de 1935, en el séptimo congreso del Partido Nazi celebrado en Núremberg, se promulgaron dos leyes que cambiaron para siempre quién podía ser ciudadano alemán. La Ley de Ciudadanía del Reich declaró que solo aquellos de «sangre alemana o relacionada» podían optar a ser ciudadanos del Reich; el resto fueron clasificados como sujetos estatales sin ningún derecho de ciudadanía. Sin derecho al voto. Sin acceso a los recursos del Estado. Sin nada.
Los judíos, de la noche a la mañana, pasaron de ser vecinos a ser extraños en su propio país. No por lo que habían hecho. No por sus méritos o deméritos. Simplemente… por haber nacido. Por el accidente de su origen.
Claro. Eso fue hace noventa años. Eso fue en la Alemania nazi. Aquí no pasa nada de eso, ¿verdad?
Pues bien. Pongámonos al día.
Lo que PP y Vox acaban de firmar
El programa de gobierno pactado por PP y Vox en Aragón incluye el controvertido principio de «prioridad nacional». De esta forma, en cuestiones como el acceso a la vivienda social, en las ayudas o subvenciones o en las prestaciones, los inmigrantes se verían relegados a un segundo plano frente a la población autóctona. «Españoles, primero.» Así de claro lo resume Vox. Así de desnudo queda el concepto cuando se le quita el maquillaje.
Y no solo en Aragón. En la Asamblea de Extremadura, María Guardiola ha sido investida presidenta gracias al respaldo conjunto del PP y de los once diputados de Vox. El acuerdo incluye la entrada de Vox en el Ejecutivo regional con una vicepresidencia y dos consejerías, y un programa donde aparece la prioridad nacional como un criterio para asignar recursos como vivienda protegida y ayudas sociales.
¿Lo entendemos bien? Una persona que nació en Marruecos, que lleva diez años trabajando en España, cotizando a la Seguridad Social, pagando impuestos y viviendo aquí… tendrá menos derechos a una vivienda pública que alguien que acaba de llegar de otra provincia española y no ha cotizado en su vida. Porque lo que importa es de dónde vienes. No lo que has aportado. No lo que necesitas. De dónde vienes.
Eso tiene un nombre. Se llama discriminación por nacimiento. Y tiene un apellido. Se llama racismo.
El problema jurídico. O varios.
El PP intenta presentar esto como algo razonable, casi técnico. Habla de «arraigo». De «vínculo con el territorio». Feijóo insiste en que todo es perfectamente legal, que no va contra nadie, que solo se trata de priorizar a quien tiene raíces en la comunidad «con independencia de su nacionalidad». Pero seamos honestos: eso no es lo que se está firmando. Y no es lo que Vox entiende por «prioridad nacional».
Porque si la prioridad nacional se entiende como Vox dice, el término podría atentar contra diversas leyes, entre ellas los artículos 13 y 14 de la Constitución Española. El artículo 14, por ejemplo, reconoce la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición. O también contra la conocida como Ley de Extranjería, cuyo artículo 14 señala que los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles.
¿Queda claro? La Constitución lo prohíbe. La Ley de Extranjería lo prohíbe. El derecho europeo lo prohíbe. Introducir un criterio de preferencia basado en la nacionalidad podría vulnerar derechos reconocidos y obligaciones internacionales asumidas por España.
Pedro Sánchez dijo en el Congreso que el pacto daba «una patada a la Constitución». El expresidente Zapatero lo consideró «inconstitucional» e «inasumible», y advirtió de que lo parará el primer juez que se tope con ello. «No se van a atrever a hacer nada de esto», sentenció.
Pero claro, eso es exactamente lo que hay que preguntarse: ¿a qué juegan entonces? Si saben que es ilegal… ¿para qué lo firman?
Esa es la pregunta importante. Y la respuesta es incómoda pero necesaria.
El discurso es lo importante. La ley, ya veremos.
Lo firman porque el objetivo no es aplicarlo. El objetivo es decirlo. Instalarlo en el imaginario colectivo. Normalizar la idea de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Que el origen determina los derechos. Que la solidaridad tiene frontera.
Según el historiador Gregory Stanton, la discriminación, la deshumanización y la organización son pasos críticos hacia una sociedad que se radicaliza. Las Leyes de Núremberg de 1935 abrieron esa puerta. Y lo hicieron también con cautelas, con salvaguardas, con aparente moderación.
La maquinaria del odio no arranca en modo turbo desde el primer día. Arranca en modo suave. Con frases que suenan razonables. Con conceptos que se envuelven en papel de legalidad. «Solo estamos protegiendo a los nuestros.» «Solo queremos orden.» «Solo es sentido común.» Y poco a poco, la cuña entra. La sociedad se acostumbra. Lo que antes era impensable se vuelve debatible. Lo debatible se vuelve aceptable. Lo aceptable se legisla.
No estoy diciendo que España esté a las puertas del nazismo. Estoy diciendo que los mecanismos son los mismos. Y que reconocerlos a tiempo es una obligación moral, no una exageración.
¿Y quiénes son «los nuestros»?
Aquí viene otra pregunta que habría que hacerle a Vox y al PP sin que se les permita escaquearse: ¿quién es español? ¿Qué es «sangre española»? Porque solo aquellos que tuvieran cuatro abuelos alemanes no judíos eran de «sangre alemana», según las Leyes de Núremberg. Los nazis también tuvieron que hacer ese ejercicio de definición, con sus gráficos y sus pseudociencias.
¿Y qué encuentra uno cuando intenta definir la «identidad española»? Siglos de árabes, de beréberes, de judíos sefardíes, de romanos, de visigodos, de fenicios. Canarios con sangre guanche. Andaluces con apellidos árabes. Extremeños con raíces que se pierden en el norte de África. Los españoles son, biológica y culturalmente, uno de los pueblos más mestizos de Europa. Y eso, curiosamente, es una riqueza inmensa. No un problema.
Así que cuando Abascal habla de «los españoles», ¿a quién incluye? ¿A Leonor García, nacida en Madrid de padre marroquí y madre gallega? ¿A Juan Morales, de familia canaria con ocho siglos de presencia en las islas pero con apellidos bereberes que lo delatan? ¿A la mitad de Melilla?
La pregunta tiene trampa. Porque la respuesta siempre acaba siendo la misma: «español de verdad» es el que yo digo que es. Y eso, históricamente, es el principio de todos los fascismos.
El hospital. El infartado marroquí. Y la vergüenza.
Uno de los argumentos más delirantes que circulan en los círculos de la extrema derecha —y que desgraciadamente ha llegado a algunos medios de comunicación— es el del hospital. La idea de que un español con un uñero debería ser atendido antes que un marroquí con un infarto. Que el origen determine la urgencia médica.
No voy a perder mucho tiempo con esto porque la respuesta debería ser obvia para cualquier persona con una mínima formación moral, pero voy a decirlo de todas formas: un médico que decide a quién tratar primero en función del pasaporte y no de la gravedad clínica no es un médico. Es otra cosa. Y esa otra cosa tiene nombre en el Código Penal.
El sistema sanitario español fue construido sobre un principio: quien lo necesita, lo recibe. Punto. Ese principio no tiene excepciones. No tiene jerarquía de pasaportes. Y si alguien quiere destruirlo, que lo diga con claridad. Que no se esconda detrás de eufemismos como «prioridad» o «arraigo».
El PP, atrapado. Y cómplice.
Hay algo que conviene no perder de vista en este debate, y es el papel del Partido Popular. Porque Vox es Vox. Abascal dice lo que dice, cree lo que cree, y al menos tiene la honestidad de no disimularlo demasiado. Pero el PP… el PP lleva meses intentando vender la idea de que puede gobernar con Vox sin ensuciarse las manos.
No puede.
Cuando firmas un documento, ese documento te define. Cuando pones tu nombre junto a la «prioridad nacional», eso es lo que eres. No puedes ser a la vez el partido de la democracia cristiana europea y el partido que firma pactos racistas en Mérida y Zaragoza. No puedes ser los dos. Hay que elegir.
Zapatero señaló que el PP está «completamente pillado» con Vox y tiene una «confusión absoluta» sobre lo que es el patriotismo constitucional, y criticó que los de Feijóo están perdiendo «todos los debates que tienen» con la formación de Abascal.
Y tiene razón. El PP no ha ganado esos debates. Los ha rendido. Uno a uno. Primero fue la memoria democrática. Luego los fondos europeos. Luego el feminismo. Ahora la igualdad constitucional. En cada pacto autonómico, Vox se lleva un trozo del Estado de Derecho y el PP sonríe en la foto.
Eso no es gobernar. Es ceder la dirección.
Un recordatorio para quienes tienen mala memoria
Y ya que hablamos de ceder la dirección, conviene recordar algo que algunos prefieren olvidar. En 2014, el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial fue reformado por el gobierno de Mariano Rajoy para que en los casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad solo pudieran ser investigados si el presunto autor era español, extranjero residente en España o si las víctimas eran españolas.
Esta reforma, impulsada por el PP con el rechazo de toda la oposición, fue descrita como hacer «los deberes» para que China permitiera la visita de Rajoy: anular el caso Tíbet y desmantelar la justicia universal en España. La Audiencia Nacional había dictado órdenes de arresto contra altos funcionarios chinos acusados de genocidio en el Tíbet. China protestó. Y el gobierno de Rajoy, en una reforma express, archivó los casos.
Así que el mismo partido que hoy firma la «prioridad nacional» fue el que eliminó la posibilidad de perseguir a genocidas internacionales para no molestar a Pekín. El mismo partido que se llena la boca con los valores de la nación fue el que vendió la justicia universal por un viaje de negocios.
Que se tome nota. La coherencia importa.
La pendiente. Y adónde lleva.
Terminemos con lo más importante. Porque este artículo no va solo de leyes ni de pactos de gobierno. Va de hacia dónde va esta sociedad si no se detiene esto.
La historia nos enseña que las sociedades no caen en el abismo de un salto. Caen poco a poco. Primero se habla de «prioridad nacional» como algo razonable. Después se aplica en la vivienda. Luego en las ayudas. Luego en la sanidad. Luego en la educación. Y en cada paso hay alguien que dice «tampoco es para tanto» y alguien que dice «lo están exagerando» y alguien que dice «a mí me parece bien, los españoles primero.»
Y la cuña sigue entrando.
No hace falta ser historiador para saber cómo acabó esto la última vez que se probó en Europa. Bastaba con ser vecino.
Por eso, frente a la «prioridad nacional», la respuesta tiene que ser alta y clara: no. No como principio político. No como política de vivienda. No como criterio de acceso a la sanidad. No como filosofía de gobierno. No en ningún pacto, en ninguna comunidad autónoma, bajo ningún eufemismo.
Porque no estamos hablando de preferencias políticas. Estamos hablando de derechos humanos. Y esos no tienen jerarquía de pasaportes.
La Constitución Española, en su artículo 14, prohíbe la discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición personal o social. No hay vuelta de hoja. No hay matiz posible. La igualdad ante la ley no es negociable en función de quién gane las elecciones en Extremadura o en Aragón.
Y quien intente negociarla, quien ponga su firma junto a quien quiere hacerlo… que no se sorprenda cuando la Historia le ponga el nombre que merece.
Cuando retrocedamos y veamos las efemérides históricas y políticas esto quedará denunciado en nuestra memoria histórica y no es un consuelo ahora porque en lugar de ir de cara emplean espurios eufemismos para lavarse la cara. De veras, ¿qué será lo próximo? ¿Que nadie pueda estudiar en la Universidad si no es español o rico? O derogar la sanidad universal ya que las competencias están transferidas… que las mujeres sigan muriendo y que las autonomías donde gobiernan PP y Vox no hagan absolutamente nada… Me preocupa la propaganda ideológica, puesto que como muy bien planteas aun cuando no se ponga en práctica se lanza un cóctel molotov, un ideario muy parecido al del Tercer Reich. Muchas gracias por publicarlo.
Un abrazo