Un país diferente al de hace cinco años

Hay cosas que cambian tan despacio que uno apenas se da cuenta. Y luego, cuando miras atrás, te preguntas cómo era posible vivir de otra manera.

Eso es lo que ha pasado en España en estos últimos cinco años. No ha sido una revolución de golpe y porrazo. Ha sido algo más parecido a una marea… que sube, que empapa, que transforma el suelo que pisa. Medida a medida, reforma tras reforma, el país que tenemos hoy es notablemente diferente al que había en 2019.

No es propaganda. Es que los datos son los datos, y hay cosas que han cambiado de verdad en la vida de millones de personas.

Vamos a repasarlas. Con calma, con contexto y con honestidad.

Los bolsillos: cuando el trabajo vuelve a valer algo

Empecemos por donde más se nota. Por el dinero. Por el salario.

En 2018, el Salario Mínimo Interprofesional estaba en 736 euros al mes. Setecientos treinta y seis euros. En 2024 ha llegado a 1.134 euros. Eso es un aumento de más del 50% en apenas seis años. El mayor incremento sostenido del salario mínimo en toda la historia democrática de España.

¿Qué significa eso en la vida real? Significa que una camarera de piso en un hotel de la costa, un trabajador del campo en Almería o un empleado de un almacén logístico cobra hoy bastante más de lo que cobraba hace cinco años. No es un dato abstracto. Es más dinero en la cuenta corriente de las personas que más lo necesitan.

Y lo que muchos predijeron que pasaría… no pasó. El empleo no se destruyó. Las empresas no cerraron en masa. Muy al contrario: el mercado laboral español ha vivido cifras de afiliación a la Seguridad Social históricamente altas durante este periodo. Los apocalípticos del salario mínimo tuvieron que guardar silencio ante los hechos.

La reforma laboral: adiós a la temporalidad crónica

España tenía un problema histórico, estructural, vergonzoso. Durante décadas fuimos el país con más contratos temporales de toda Europa. Uno de cada cuatro trabajadores tenía un contrato que duraba semanas o meses. Una precariedad institucionalizada que hacía imposible planificar la vida: comprar un piso, pedir una hipoteca, incluso tener hijos.

La reforma laboral de 2021 fue un giro de timón. Eliminó los contratos de obra y servicio, que eran los más utilizados y los más abusados. Reforzó el contrato indefinido como norma. Limitó la temporalidad de manera real.

El resultado fue inmediato y contundente. La tasa de temporalidad cayó del 25% a menos del 16% en un tiempo récord. Millones de trabajadores pasaron de contrato temporal a indefinido. Millones de personas que antes vivían en la incertidumbre permanente ganaron estabilidad.

¿Resolvió todos los problemas? No. La precariedad muta, se adapta, encuentra nuevas formas. Pero el cambio estructural fue real, medible y reconocido hasta por la Comisión Europea, que en su momento fue muy crítica con los modelos laborales españoles anteriores.

37 horas y media: el tiempo también es tuyo

En 2025 se aprobó la reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37 horas y media semanales, sin reducción de salario.

Dos horas y media menos por semana. Parece poco. Pero multiplícalo por 52 semanas… son 130 horas al año que dejan de ser del trabajo y pasan a ser de la persona. Horas para la familia, para el descanso, para hacer deporte, para leer, para vivir.

España se alinea así con países como Alemania, Francia o los Países Bajos, que llevan años trabajando menos horas sin que su productividad se haya resentido. De hecho, la evidencia internacional apunta justo a lo contrario: trabajar menos horas mejora la concentración, reduce el absentismo y aumenta el compromiso de los empleados.

Es pronto para medir el impacto completo. Pero la dirección es inequívoca: este gobierno ha puesto el reloj en otro sitio.

El transporte: cuando moverse dejó de costar tanto

Durante más de dos años, millones de españoles viajaron gratis o casi gratis en Cercanías, en autobuses interurbanos y en otros medios de transporte público. Los abonos del AVE de media distancia se bonificaron al 50%.

Fue una medida de choque ante la inflación más brutal que vivíamos desde los años 80. Y funcionó. No resolvió el problema estructural de la financiación del transporte público, eso es verdad. Pero alivió el bolsillo de millones de familias trabajadoras en un momento muy duro.

Que el Estado diga «ahora mismo, moverse en transporte público es gratis» es un mensaje poderoso. Económicamente, socialmente y también simbólicamente.

El Ingreso Mínimo Vital: el escudo que faltaba

España era, en 2020, uno de los últimos países de Europa occidental sin una renta mínima garantizada a nivel nacional. Teníamos sistemas autonómicos desiguales, parcheados, insuficientes. Si tenías la mala suerte de vivir en una comunidad con peores recursos públicos, te quedabas en la cuneta.

Con el Ingreso Mínimo Vital eso cambió. Por primera vez, cualquier hogar español en situación de pobreza severa tiene derecho a una prestación económica básica, con independencia de en qué comunidad viva.

No es perfecto. El acceso burocrático ha sido un obstáculo real: muchas familias han tardado meses en recibirlo, otros lo han solicitado y se han perdido en el laberinto administrativo. Eso hay que mejorarlo, sin duda. Pero su existencia ya es un avance civilizatorio. Ya no hay un agujero negro en el sistema.

Las pensiones: que el dinero no valga cada año menos

Suena casi de sentido común, pero no lo era. Durante años, las pensiones subían por decreto según criterios políticos, a veces por debajo de la inflación. El resultado era que los pensionistas perdían poder adquisitivo año tras año, de manera silenciosa y sistemática.

El gobierno de Sánchez vinculó la revalorización de las pensiones al IPC de manera estructural. Las pensiones suben con la inflación, cada año, automáticamente.

Cuando la inflación llegó al 10% en 2022, las pensiones subieron un 8,5%. En 2023, otro 8,5%. Cuando la inflación bajó, las pensiones también se ajustaron de forma más moderada, pero nunca por debajo del IPC.

Para los jubilados, muchos de ellos con pensiones modestas que son el único ingreso del hogar, esto no es un debate técnico. Es la diferencia entre llegar o no llegar a fin de mes.

La energía renovable: España, referente europeo

Aquí los datos son objetivos y, francamente, espectaculares.

En 2024, España generó más del 50% de su electricidad con fuentes renovables. Solar fotovoltaica, eólica, hidráulica. Somos uno de los países europeos con mayor potencia renovable instalada per cápita.

En varios momentos del año, la producción renovable ha sido tan alta que el precio del mercado mayorista de la electricidad ha llegado a ser negativo. Literalmente, gratis. La red eléctrica producía más energía de la que se consumía.

¿Eso se ha trasladado completamente a la factura del consumidor? No del todo, porque el mercado eléctrico europeo tiene una estructura compleja y disfuncional que España no puede cambiar de manera unilateral. Pero la transformación del parque generador es real, es enorme y es irreversible. Lo que hemos construido en estos años nos acompañará durante décadas.

Y no solo es bueno para el medioambiente. Es también un factor de independencia energética. España ya no depende tanto del gas de Argelia o del petróleo de países con regímenes autoritarios. Producimos nuestra propia energía, limpia y cada vez más barata.

La eutanasia: el derecho a una muerte digna

Hay leyes que se miden en cifras. Y hay leyes que se miden en personas.

En 2021, España legalizó la eutanasia y se convirtió en el cuarto país del mundo en reconocer este derecho. Cuarto del mundo. Por delante de la inmensa mayoría de naciones europeas, norteamericanas y del resto del planeta.

Era una demanda que llevaba décadas esperando. Bloqueada históricamente por la Iglesia Católica y los sectores más conservadores, que argumentaban que abría la puerta a abusos o contradecía principios morales que, en una sociedad laica y plural, no pueden imponerse a todos.

Desde que la ley entró en vigor, miles de personas han podido ejercer ese derecho. Personas con enfermedades incurables y sufrimiento insoportable que han podido decidir, de manera libre, consciente y rodeados de los suyos, cuándo y cómo despedirse.

Para quienes han vivido de cerca una situación así, para quienes han visto a un familiar sufrir sin esperanza durante meses o años, esto no es una estadística. Es un alivio humano profundo. Es dignidad.

Los derechos LGTBI+ y la Ley Trans: España en la vanguardia

En 2023, España aprobó la Ley Trans, que permite el cambio de género registral por libre autodeterminación. Sin necesidad de diagnóstico médico previo. Sin intervención quirúrgica. Sin años de peregrinaje por consultas y formularios.

El principio es sencillo y poderoso: cada persona es la mejor jueza de su propia identidad. El Estado no necesita «verificar» o «diagnosticar» quién eres.

Con esta ley, España se colocó entre los países más avanzados de Europa en derechos LGTBI+. A la ley se sumó un paquete más amplio de medidas de protección contra la discriminación y la violencia por razón de orientación sexual o identidad de género.

Ha generado debate, también desde dentro de la izquierda. Ninguna ley importante es unánime. Pero el principio de que cada persona decide sobre su propia identidad sin tutelas del Estado es un avance en libertad individual que no tiene marcha atrás.

La Ley del Sí es Sí: el consentimiento como centro de todo

Esta es quizá la historia más compleja del periodo. Y merece contarse bien, porque la narrativa que circuló en muchos medios fue, cuando menos, incompleta.

La Ley de Garantías de la Libertad Sexual de 2022 hizo algo revolucionario y necesario: puso el consentimiento en el centro del derecho penal en materia sexual. Antes de esta ley, para que hubiera agresión sexual tenía que haber violencia o intimidación demostrable. Si no había resistencia física, si la víctima se quedaba paralizada de miedo, si había una relación previa de pareja… el delito se calificaba de otra manera, con penas menores.

La ley estableció un principio claro, el mismo que ya reconocen los sistemas legales más avanzados del mundo: cualquier acto sexual sin consentimiento expreso es agresión. Solo el sí es sí.

Este principio no es una ocurrencia española. Está recogido en el Convenio de Estambul, que España tiene firmado y ratificado. Y en 2024, la Unión Europea aprobó la Directiva contra la violencia hacia las mujeres, que insta expresamente a todos los países miembros a adoptar modelos de consentimiento afirmativo. Europa ha validado el camino que España abrió.

¿Entonces qué pasó? La ley unificó distintas figuras delictivas en una escala única de penas… pero al hacerlo, los mínimos de algunas condenas bajaron técnicamente. Y ahí, en ese margen técnico, una parte del poder judicial decidió aplicar el principio de retroactividad de la ley más favorable y revisar condenas ya dictadas.

Cientos de agresores vieron sus condenas reducidas. Algunos salieron de prisión antes de lo previsto.

El escándalo fue real. La indignación fue legítima. Pero hay que señalar también algo que muchos medios pasaron por alto: la aplicación que hicieron algunos jueces fue, en muchos casos, desproporcionada, maximalista y, en el mejor de los casos, voluntariosa. Hubo en algunos sectores de la judicatura española una hostilidad ideológica evidente hacia esta ley, y esa hostilidad se tradujo en una aplicación que llevó los márgenes al extremo.

Fue una oposición que, en muchos casos, resultó indigna para la función judicial. Porque los jueces no están para boicotear las leyes que no les gustan. Están para aplicarlas con criterio, con proporcionalidad y con respeto al espíritu del legislador.

El gobierno corrigió el problema técnico en 2023. El principio del consentimiento afirmativo quedó intacto. Y mientras tanto, el resto de Europa ha seguido el mismo camino. Bélgica, Alemania, Grecia, Malta, Chipre… El modelo que España adoptó primero es hoy el estándar europeo.

La historia será justa con esta ley. Y con quienes se opusieron a ella de manera tan frontal como injustificada.

La Ley de Memoria Democrática: honrar la verdad

Durante décadas, España vivió con una herida abierta que muchos preferían no ver. Las fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura franquista seguían intactas en cunetas y descampados de todo el país. Las víctimas del régimen no tenían reconocimiento oficial. La dictadura seguía siendo, en el relato del Estado, una especie de nebulosa incómoda que mejor no menear.

La Ley de Memoria Democrática de 2022 cambió eso. Reconoció oficialmente los crímenes del franquismo como violaciones de derechos humanos. Facilitó la localización, exhumación e identificación de víctimas. Eliminó distinciones entre los símbolos del régimen todavía presentes en el espacio público. Creó un banco de ADN para identificar a los desaparecidos.

Hay países que no pueden mirar hacia delante sin antes mirar hacia atrás con honestidad. España ha tardado décadas en hacerlo. Pero ahora tiene una ley que lo dice claramente: aquello estuvo mal, las víctimas merecen dignidad, la democracia no puede construirse sobre el silencio del horror.

Europa y los fondos: el mayor plan de inversión de la historia

Cuando llegó la pandemia, Europa hizo algo que nunca antes había hecho: emitir deuda de manera conjunta para financiar la recuperación de todos sus miembros. El plan Next Generation EU supuso más de 800.000 millones de euros para el conjunto de la Unión. España fue uno de los mayores beneficiarios, con más de 160.000 millones entre transferencias directas y préstamos.

Ese dinero ha empezado a llegar a sectores clave: digitalización de empresas, transición energética, formación, infraestructuras sostenibles, sanidad pública. No ha sido un proceso perfecto. La burocracia española ha sido, como siempre, un obstáculo real para que muchas pymes y autónomos accedan de manera ágil a esos fondos. Hay margen de mejora, sin duda.

Pero el volumen de inversión pública que han movilizado es histórico. Proyectos de energías renovables, de digitalización industrial, de modernización del sistema educativo y sanitario que llevan años esperando han recibido financiación gracias a estos fondos.

A largo plazo, cuando miremos atrás, el plan Next Generation será probablemente uno de los grandes hitos económicos de esta época. Y España ha sido uno de sus protagonistas.

La Presidencia Europea: España en el centro del debate continental

En el segundo semestre de 2023, España ocupó la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Seis meses en los que Madrid fue, de alguna manera, la capital de Europa.

Durante esa presidencia se cerraron acuerdos importantes: el Pacto Europeo de Migración y Asilo, el famoso AI Act —la primera regulación integral de la inteligencia artificial en el mundo—, y avances en varios expedientes legislativos de largo recorrido.

No es lo más emocionante del mundo para el ciudadano de a pie, lo reconocemos. Pero la arquitectura política europea se construye en esas mesas de negociación, en esos acuerdos que parecen técnicos y luego determinan las reglas del juego para décadas. Y España estuvo ahí, en el centro, con voz y con capacidad de influencia.

El bono de transporte: cuando el Estado protege el bolsillo ciudadano

Vale la pena volver un momento al transporte porque a veces olvidamos lo que supuso. En plena crisis de inflación, con la cesta de la compra disparada, con los recibos de la luz por las nubes, el gobierno decidió que desplazarse no iba a ser un lujo.

Abonos de Cercanías gratuitos. Autobús interurbano gratuito. Descuentos del 50% en el AVE de media distancia. Durante más de dos años, millones de personas en toda España se movieron de su casa al trabajo, a la universidad, al hospital, a ver a sus familias, sin pagar o pagando muy poco.

Para una familia trabajadora en la periferia de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, eso puede suponer 60, 80 o incluso 100 euros al mes. En el peor momento económico de los últimos años, ese alivio importó.

Cinco años que han cambiado el suelo que pisamos

Podemos debatir los ritmos. Podemos discutir los matices. Podemos señalar lo que ha faltado o lo que se ha ejecutado mal. La política siempre da para eso, y es sano que así sea.

Pero hay algo que no admite discusión: el suelo que pisamos en España es hoy distinto al de hace cinco años.

Hay trabajadores que antes tenían contratos temporales encadenados y ahora tienen un contrato indefinido. Hay jubilados que antes veían cómo sus pensiones perdían valor cada año y ahora no. Hay familias al límite que antes no tenían ninguna red de seguridad nacional y ahora tienen el Ingreso Mínimo Vital. Hay personas enfermas graves que antes morían sin poder decidir sobre su propio final y ahora pueden elegir. Hay trabajadores sexuales y víctimas de agresión que antes tenían que demostrar que se habían resistido y ahora la ley les cree. Hay jóvenes que viven en ciudades con transporte público y que han podido moverse durante años sin pagar. Hay cientos de familias que han podido identificar y dar sepultura digna a sus abuelos o bisabuelos asesinados durante la dictadura.

Eso es real. Es tangible. Es la política aterrizada en la vida de las personas.

España no ha resuelto todos sus problemas. Nadie que sea honesto puede decir eso. La vivienda sigue siendo un drama, la brecha entre generaciones sigue siendo enorme, la pobreza infantil sigue siendo demasiado alta, la productividad sigue siendo una asignatura pendiente.

Pero la dirección de estos cinco años ha sido clara. Y la dirección importa tanto como el destino.

Porque al final, de eso se trata la política progresista. No de prometer un paraíso de golpe. Sino de ir cambiando, reforma a reforma, ley a ley, presupuesto a presupuesto, el suelo sobre el que vivimos. Para que la próxima generación empiece desde un poco más arriba que la nuestra.

Y eso, en estos cinco años, ha pasado.