Hay semanas que se quedan grabadas. La del 2 de octubre de 2026 va a ser una de ellas, y no solo por lo que pasó dentro del Congreso, sino por lo que estaba pasando fuera, en la Puerta del Sol, donde hay gente acampada porque no le salen las cuentas para vivir en su propia ciudad.
Vamos por partes. Porque lo ocurrido con la vivienda no es una derrota parlamentaria más. Puede ser el hecho que reordene todo el tablero político, y quizá antes de lo que nadie esperaba.
Para que se entienda bien, el artículo sigue un orden sencillo: primero qué ha pasado y quién lo ha tumbado. Después, qué proponen realmente la derecha y la izquierda. Luego, qué han hecho otros países europeos y con qué resultados. Y por último, qué significa todo esto en unas elecciones y por qué hace falta una izquierda a la altura.
Lo que pasó
El viernes, el Congreso tumbó los dos decretos de vivienda del Gobierno, con 172 votos a favor frente a 178 en contra. A un lado, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, CC y Compromís. Al otro, PP, Vox, Junts y UPN.
¿Qué se cayó exactamente? No era un papel abstracto. Los decretos protegían frente a los desahucios hasta finales de 2030, limitaban la compra especulativa de vivienda hasta 2028, regulaban el alquiler de temporada y por habitaciones, y ponían un 10 % de IVA a los pisos turísticos. Incluían también un IVA del 4 % para la vivienda protegida y préstamos ICO a interés cero para la entrada de una hipoteca, además de una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos que vencieran en este periodo.
Es decir: protección para quien está a punto de perder su casa, freno a los fondos que compran barrios enteros, ayuda para que un joven pueda entrar al mercado y alivio fiscal para el pequeño propietario honrado. Y todo eso, ahora mismo, es papel mojado.
La votación llegó, además, en un clima caliente. Los decretos se aprobaron tras las manifestaciones que siguieron al desahucio de Maricarmen en Madrid la semana anterior. Una mujer a la calle, un país que se indigna, un Gobierno que reacciona… y una mayoría de bloqueo que dice que no.
¿Quién tumbó qué, y con qué argumentos?
Seamos honestos con el reparto de responsabilidades, que importa para el análisis. Sin Junts no había mayoría contraria. Su portavoz argumentó que los decretos permitían que los fondos siguieran comprando, especulando y desahuciando, y pidió retirarlos para negociar. Es una crítica que se puede discutir, y desde la izquierda se les puede reprochar que prefirieran el no al «algo es mejor que nada». Pero Junts tiene sus propias cuentas con el Gobierno, y esa es otra conversación.
La del PP y Vox es muy distinta, porque no hay matices que rascar. Votaron no a una norma que frenaba desahucios de familias vulnerables. Vox lo justificó diciendo que la suspensión de desahucios y las prórrogas forzosas aumentan la inseguridad jurídica, reducen la oferta y perjudican a jóvenes y personas con pocos ingresos.
Pensemos un momento en esa frase. Se nos dice que impedir que echen a una familia vulnerable a la calle perjudica… a los vulnerables. Es la vieja receta de siempre, la de que el mercado, si lo dejamos tranquilo, acabará arreglándolo todo. Llevamos más de una década esperando ese arreglo.
El modelo de la derecha: dejar hacer
Aquí conviene ir al fondo, porque el no del viernes no es un accidente. Es coherente con una forma de entender la vivienda que PP y Vox llevan años defendiendo.
La receta es muy simple: más suelo, menos normas, menos «intervencionismo». Vox propone convertir casi todo el suelo en urbanizable, como si el problema fuera que falta tierra y no que sobran fondos de inversión con ganas de rentabilidad. El PP, por su parte, ha hecho de la oposición frontal a la Ley de Vivienda de 2023 una bandera, y varias comunidades que gobierna se han negado a declarar zonas tensionadas, dejando a sus vecinos sin la herramienta que la ley les ofrecía.
Y mientras tanto, ¿qué ha pasado con los precios? Cualquiera que haya intentado alquilar o comprar en los últimos años sabe la respuesta. Alquileres que se comen más de la mitad de un sueldo, jóvenes que se emancipan pasados los treinta, familias que comparten piso a los cuarenta. Decirnos que lo que falta es todavía más mercado es como recetarle más fuego a quien se está quemando.
Hay otro detalle que debería incomodar a sus votantes. Uno se pregunta a quién protege realmente esta posición. Porque el pequeño propietario que alquila un piso heredado de sus padres no es el enemigo, y los decretos lo sabían: llevaban bonificaciones fiscales precisamente para él. Los que salen ganando con el statu quo son los grandes tenedores, los fondos, los que compran para especular. Votar contra la regulación es, en la práctica, votar a favor de ellos.
Y que no nos cuenten la fábula de que la derecha defiende al ciudadano de a pie. Cuando hubo que elegir entre el inquilino al que echan y el fondo que lo echa, eligieron. Con nombre y apellidos, en una votación nominal.
Lo que dice la calle (y lo que dicen las encuestas)
Aquí viene lo interesante, y es que la derecha ha hecho un cálculo que quizá no le salga bien.
Según una encuesta recogida estos días, siete de cada diez personas consideran necesario limitar el precio de la vivienda, y aunque ese porcentaje baja entre los votantes del PP y de Vox, sigue siendo mayoría. Lo repito: incluso entre quienes votan a esos partidos, la mayoría quiere que el Estado intervenga. Y no es solo cosa de inquilinos, porque hasta un 56,5 % de los caseros vería bien intervenir los precios.
Las medidas concretas son aún más claras. Ampliar la vivienda social recibe un 82 % de apoyo, las ventajas fiscales a pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles un 80 %, y que lo público impulse la construcción de vivienda privada un 78 %. Son cifras de consenso, de las que casi nunca se ven en un país tan polarizado.
Es decir, PP y Vox no solo votan contra el Gobierno, votan contra una parte de su propia base. Y la distancia entre lo que piensan sus votantes y lo que hacen sus diputados se llama oportunidad política para quien sepa explicarlo.
Por eso la acampada de Sol pesa tanto. No es una protesta ideológica de manual. Es gente corriente, de todas las edades, que ha dicho basta. Y los movimientos que nacen así, de la incomodidad cotidiana y no de una consigna, son los más difíciles de ignorar. Todos recordamos lo que pasó en 2011 con otra plaza y otra indignación.
Lo que ya se ha hecho en Europa (y funciona)
Cuando alguien nos dice que intervenir en la vivienda «no funciona», conviene hacer algo muy sencillo: mirar por la ventana hacia el resto de Europa. Porque aquí no estamos inventando nada. Lo que propone la izquierda se lleva ensayando décadas en países que nadie confundiría con regímenes bolivarianos: Austria, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia.
Empecemos por un dato que lo explica casi todo. En España la vivienda social no llega al 3 % del parque total, mientras que en Países Bajos es el 30 %, en Austria el 24 %, en Dinamarca el 20 % y en Suecia el 19 %. Entre los grandes países, Francia ronda el 17 % y el Reino Unido se acerca al 18 %. Para hacerse una idea de la escala: España tiene poco más de 450.000 viviendas sociales para 47 millones de personas, mientras que Países Bajos, con unos 17 millones de habitantes, supera los dos millones.
Dicho de otro modo, no es que en Europa «el mercado funcione mejor». Es que allí hay un colchón público enorme que frena los precios para todos. Aquí no hay colchón, y por eso cada subida de alquiler se convierte en drama.
Viena: el ejemplo de manual y de paciencia
Si hay una ciudad que se cita siempre, es Viena. Su sistema nació tras la Primera Guerra Mundial, en la llamada Viena Roja, cuando un ayuntamiento socialista decidió invertir a lo grande en vivienda para la clase trabajadora. Hoy, en torno al 60 % de los vieneses vive en vivienda social o cooperativa.
¿El resultado? En 2025, según datos de la UE recogidos por la prensa, los vieneses destinaron de media el 37 % de su sueldo al alquiler, frente al 74 % en Madrid o Barcelona. Para que se entienda el contraste, la Carta Social Europea recomienda no pasar del 40 %. Y el alquiler social ronda los seis euros por metro cuadrado, la mitad que en el mercado privado.
Pero lo interesante no es la cifra, sino cómo lo hacen. Hay cuatro claves que cualquiera puede entender:
- Es para casi todos, no solo para los más pobres. Se accede con un par de años de residencia en la ciudad, y las viviendas se reparten por todos los distritos, también los de rentas altas, para evitar guetos. Eso crea una mezcla social que, según sus propios gestores, evita muchos problemas que se ven en otras capitales.
- Se reserva el suelo. Al menos dos tercios del nuevo suelo residencial se destinan a vivienda social.
- Se financia de forma estable, con aportaciones salariales y fondos municipales, no con ocurrencias de campaña.
- Se regula el negocio turístico: el alquiler de corta duración se ha limitado a un máximo de 90 días al año.
Y una lección más, la que más debería escucharse en España. Un alto responsable de la empresa pública que gestiona las viviendas municipales de Viena admite que a un político le resulta difícil apostar por esto, porque desde que se empieza hasta que se ven resultados pasan más años de los que se suele estar en el poder. Es decir, la vivienda se arregla con constancia, no con un decreto en caliente. Ni siquiera Viena es inmune: los precios del mercado privado han subido allí más de un 50 % en quince años, y aun así sigue siendo una de las capitales más asequibles de Europa. Eso es lo que hace un parque público grande: amortigua.
Países Bajos, Dinamarca y Francia: tres formas de hacer lo mismo
Viena no está sola. Otros países han llegado al mismo sitio por caminos distintos.
En Países Bajos, el sistema se apoya en asociaciones sin ánimo de lucro que gestionan enormes cantidades de vivienda para alquiler asequible, y durante años más del 30 % del parque ha sido social. En Dinamarca, destaca el modelo cooperativo: propiedad colectiva y gestión democrática de los vecinos, con apoyo público. Se calcula que ese modelo supone en torno al 8 % del parque nacional y alrededor del 30 % en Copenhague. Es una forma de entender la vivienda no como mercancía, sino como un bien que se gestiona entre todos.
Y Francia aporta una idea muy práctica para un país como el nuestro: obliga a los municipios a tener un porcentaje mínimo de vivienda protegida, al menos un 25 %, y sanciona a quien no lo cumple. Obligación y castigo. Ni recomendaciones ni buenos deseos.
Finlandia: acabar con el sinhogarismo con una idea que parecía una locura
Quizá el ejemplo más sorprendente es el finlandés. En 2008 el país cambió de lógica: en lugar de exigir a una persona sin hogar que primero «se rehabilite» para merecer un techo, se le da una vivienda primero y se le ayuda después con el resto de sus problemas. Es el llamado Housing First.
Los números hablan: 3.500 personas recibieron una vivienda y el 80 % logró conservarla. Durante el programa, el sinhogarismo de larga duración bajó un 35 %, unas 1.345 personas menos, y por primera vez en 2015 el total de personas sin hogar cayó por debajo de las 7.000. Los evaluadores internacionales reconocen que no se alcanzó el objetivo de erradicarlo del todo, pero concluyen que los resultados son indiscutibles. Costó 270 millones de euros, a partes iguales entre el Estado y los municipios.
Y atención al matiz, que es una lección para España: los investigadores subrayan que esto solo funciona si hay suficiente vivienda asequible disponible. Sin casas, el «primero la vivienda» se queda en eslogan.
Cataluña: aquí al lado, con luces y sombras
Hablemos también de casa, porque la regulación del alquiler ya se aplica en Cataluña y conviene mirarla sin fanatismo. Desde marzo de 2024, en las zonas tensionadas, el precio medio de los nuevos contratos ha bajado un 1,28 %, mientras que en el resto de Cataluña ha subido un 9,53 %. Es decir, la medida ha frenado la escalada donde se ha aplicado.
Pero hay que contarlo entero. La Fedea, un think tank económico, concluye que la regulación ha moderado los precios pero ha reducido la oferta, con caídas del 22,2 % en Barcelona, y considera que la ley no ha logrado su objetivo de mejorar el acceso. Y desde la patronal de propietarios se sostiene que el efecto positivo es pasajero.
¿Qué aprendemos de esto? Algo muy valioso: que limitar precios sin construir vivienda pública es una medida a medias. El propio Govern catalán lo asume, y por eso acompaña los topes con el objetivo de llegar a un 15 % de parque público. Además, este año ha cerrado una de las grietas que usaban algunos propietarios para esquivar el tope, los contratos de temporada, extendiendo la contención de rentas también a ellos. Justo la clase de medida sobre alquiler de temporada que acaba de caer en el Congreso.
Las lecciones, en pocas líneas
Si hubiera que resumir lo que Europa nos enseña, sería esto:
- Hace falta un parque público grande. Cuando lo público pesa un 20 o un 30 %, todo el mercado se modera. Con menos del 3 %, estamos desarmados.
- Hay que reservar suelo y construir de forma sostenida. No hay atajos.
- Regular y construir a la vez. Topes sin vivienda nueva generan efectos secundarios; vivienda nueva sin freno a la especulación se la queda el fondo.
- La vivienda pública no puede ser un gueto para pobres. Funciona mejor cuando es para muchos y se reparte por toda la ciudad.
- Hay que obligar y fiscalizar. Cuotas mínimas con sanciones, como en Francia, y límites al uso turístico, como en Viena.
- Se necesita paciencia y continuidad. Los resultados llegan a lo largo de muchos años, más allá de una legislatura.
Fíjense en lo que no aparece en esa lista: «dejar que el mercado se arregle solo». En ningún país donde la vivienda funciona se ha hecho así.
¿Y España?
Y aquí es donde duele. Con un parque social por debajo del 3 %, estamos en la cola de Europa. Lo reconoció el propio presidente del Gobierno, que calificó esa cifra con palabras muy duras. Una sinceridad que honra, pero que también obliga a preguntarse por qué, tras ocho años gobernando, seguimos en esas.
Y esa pregunta nos lleva al siguiente punto.
El tablero electoral: ¿y ahora qué?
Pasemos a lo práctico. La pregunta que se hace todo el mundo es si Sánchez convocará elecciones. Fuentes del Gobierno dicen que analizarán las consecuencias sin descartar ninguna opción, aunque aseguran que no están «en esa pantalla». Pero otras versiones hablan de que algunos miembros del Ejecutivo consideran muy probable un adelanto, con comicios a finales de noviembre o principios de diciembre.
Y los números de partida no son cómodos. El promedio de encuestas sitúa al PP en un 32,4 %, al PSOE en un 26,2 %, a Vox en un 18,2 % y a Sumar en un 11,9 %. Sobre el papel, ventaja de la derecha. Si uno mira solo esa foto, parece que no hay partido.
Pero las fotos fijas engañan, y las campañas se juegan sobre el relato. Piensen en qué haría una elección convocada ahora. Sería una especie de plebiscito sobre política social y de vivienda, entre derecha e izquierda. Y ese es, precisamente, el terreno donde la izquierda juega con ventaja moral y con mayoría social.
Imagino el cartel de campaña, que casi se escribe solo: quién votó que se pudiera seguir desahuciando a familias vulnerables y quién votó para impedirlo. Es un mensaje que cabe en una frase y que no necesita traducción. Frente a eso, ¿qué responde el PP? ¿Que hay «inseguridad jurídica»? Suerte explicándoselo a quien ha recibido una carta de desahucio.
Eso sí, no nos engañemos con triunfalismos. Quedan tres obstáculos serios.
El primero es de credibilidad. Cuando se lleva ocho años gobernando, el votante pregunta por qué la vivienda sigue así. Y hay episodios que pesan: la prensa ya ha recordado que el matrimonio Sánchez suma ocho inmuebles en plena crisis de vivienda. Se puede decir que es munición de los de siempre, y en parte lo es, pero es el tipo de dato que cala porque es fácil de entender. Un discurso sobre vivienda exige coherencia, y la izquierda tiene que cuidarla.
El segundo es la fragmentación. Sumar aún no se ha organizado ni tiene candidato, y presentarse divididos es el mejor regalo que se le puede hacer a quien quiere ganar por mayoría simple.
El tercero es la movilización. La indignación en la plaza no siempre se convierte en voto. Mucho joven que hoy acampa en Sol se abstuvo la última vez, y hay que lograr que esta vez la rabia vaya a las urnas y no se quede en la tienda de campaña.
Por qué la vivienda puede dar el vuelco
Aun con todo eso, mantengo que este asunto tiene un potencial que pocos temas tienen.
Primero, porque es transversal. La vivienda afecta al joven que no se independiza, al inquilino de mediana edad, al padre que mantiene a un hijo de treinta años en casa, a la abuela que ve cómo su nieta no puede quedarse en su barrio. No hay un votante de izquierdas o de derechas al que no le toque, y por eso rompe las lealtades habituales.
Segundo, porque es concreto. No hace falta explicar nada. Lo que cuesta un alquiler, lo que sobra a final de mes, lo sabe cada uno en su cuenta corriente. Y cuando un debate se vuelve así de tangible, la propaganda lo tiene mucho más difícil.
Tercero, porque ahora hay un antes y un después con nombre propio. Antes se podía discutir en abstracto qué haría cada partido. Ahora hay una votación concreta, con fecha y con resultado, en la que cada uno ha enseñado sus cartas. Y eso, en campaña, vale oro.
Y cuarto, porque la derecha tiene un problema estructural: no tiene una alternativa creíble. Dice que no a todo, pero cuando se le pregunta qué haría, la respuesta es siempre la misma: liberalizar y confiar. Una receta que ya se aplicó, que ya conocemos, y cuyo resultado tenemos delante cada primero de mes cuando llega el recibo.
Hace falta una izquierda de verdad, y con agallas.
Y ahora toca decir lo incómodo, porque un artículo que solo señala a la derecha sería injusto con el lector. Todo lo que hemos visto en Europa tiene un denominador común que no es una ley concreta, sino una actitud: valentía sostenida en el tiempo.
Viena no tiene lo que tiene por un decreto aprobado un martes tras una manifestación. Lo tiene porque durante un siglo, gobernara quien gobernara, se siguió construyendo. Finlandia no redujo el sinhogarismo con una campaña de imagen, sino cambiando el sistema y poniendo 270 millones encima de la mesa. Francia no tiene cuotas de vivienda protegida por casualidad, sino porque se atrevió a sancionar a quien no las cumple.
Esa es la vara con la que hay que medir a la izquierda española. Y si somos sinceros, no siempre da la talla. Decretos aprobados deprisa tras una indignación pública, sin la mayoría asegurada. Medidas partidas en dos textos que luego caen juntos. Un parque público que, después de años de gobierno progresista, sigue sin llegar al 3 %. La derecha es responsable de haber votado que no, sí. Pero a una izquierda que presume de ser la defensora de la vivienda se le exige llegar con los deberes hechos.
¿Qué significa, entonces, una izquierda con agallas? Dicho sin florituras:
Significa planificar a veinte años, no a veinte días. Crear de una vez un parque público de vivienda de verdad, con presupuesto estable, suelo reservado y una empresa pública con capacidad para construir y gestionar. Que nadie pueda deshacerlo con un cambio de gobierno.
Significa tener la mayoría antes de pisar el Congreso. Negociar, ceder lo que haya que ceder, atar los apoyos con tiempo y no depender de que un socio cambie de opinión la noche anterior. Gobernar es también contar los votos. Y cuando un socio como Junts se baja, haber previsto un plan B.
Significa plantarse ante quien tiene el dinero. Los fondos y los grandes tenedores no se asustan con comunicados. Se frenan con normas claras, sanciones reales y la voluntad de aguantar la presión mediática, que será enorme y vendrá envuelta en la palabra «inseguridad jurídica». Quien le tiene miedo a esa palabra, ya ha perdido.
Significa decir la verdad. Que no hay milagros en una legislatura, que Viena tardó un siglo, que habrá que construir mucho y durante mucho tiempo, y que los topes solos no bastan, como muestra Cataluña. Una izquierda adulta no vende humo. Explica el camino largo y pide confianza para recorrerlo.
Significa coherencia personal. No se puede predicar contra la especulación y que la prensa saque los inmuebles de los dirigentes. No tiene por qué ser ilegal ni inmoral tener propiedades, pero quien lidera este debate debe cuidar cada gesto, porque el votante no perdona la contradicción.
Y significa, por fin, ir unidos. Con un candidato, un mensaje y un calendario. Porque la mejor ley de vivienda del mundo no sirve de nada si se queda en la oposición.
Todo esto no es utopía. Es lo que hacen, con otros colores y otras formas, los países donde pagar el alquiler no se come la mitad del sueldo. Lo que falta aquí no es el modelo. Falta decisión.
Un final abierto
La izquierda tiene ahora una oportunidad enorme y una responsabilidad igual de grande. La oportunidad es hacer de la vivienda la pregunta central de la campaña: de qué lado estás cuando alguien se queda sin casa. La responsabilidad es no malgastarla con peleas internas, con gestos vacíos o con soluciones a medias que dejen la sensación de que «todos son iguales».
Porque si algo ha demostrado la semana pasada es que no son iguales. Hay quien intenta frenar los desahucios y hay quien vota para que sigan. Hay quien quiere poner límites a la especulación y hay quien la llama libertad.
Y eso, creo, los españoles lo van a tener muy presente cuando les pongan una papeleta en la mano.
En las elecciones que ganó Zapatero, una semana antes se daba por vencedor al PP. Pensar que un elemento como la crisis habitacional no puede cambiar el voto como en su día aquel atentado es desconocer las lecciones de la historia. Fueron hechos tangibles los que provocaron los grandes vuelcos.
Respecto al tema en concreto, pensamos en la barbarie en que se han sumido Mallorca o Ibiza y otros lugares turísticos. Gente viviendo en sótanos inmundos, con ratas y alcantarillas, o en caravanas aparcadas de mala manera y sin las medidas higiénicas.
Hay que frenar fondos buitre, multiposeedores de propiedades inmobiliarias y la proliferación de pisos turísticos en zonas tensionadas. Multas y cargas impositivas. No hay otra.