Cómo la derecha española ha convertido el insulto en estrategia de Estado
Hay un momento, en cualquier debate político, en que ya no se habla de ideas. Ya no se discute qué modelo de sanidad queremos, cómo financiamos las pensiones o qué hacemos con la vivienda. Lo que hay es alguien señalando al adversario y llamándole traidor, dictador, comunista, asesino. Y ese alguien, en la España de los últimos años, casi siempre viene del mismo lado.
Esto no es una opinión. Es lo que ha pasado.
El manual del insulto institucionalizado
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y figura más visible del Partido Popular, ha elevado la descalificación al rango de programa político. No de vez en cuando. Sistemáticamente. Con micrófono, tribuna y cámara delante.
«El comunismo mata». Lo ha dicho en actos oficiales. Lo ha escrito en redes. Lo ha convertido en eslogan de campaña, como si gobernar España fuera equivalente a instaurar un régimen estalinista. Ha comparado al Gobierno de Sánchez con Venezuela, con Cuba, con las peores dictaduras del siglo XX. Y lo ha hecho desde el cargo más relevante de la Comunidad más poblada del país.
No es retórica de trinchera. Es una declaración de guerra simbólica contra la mitad de la ciudadanía española.
Feijóo, por su parte, ha optado por un estilo más contenido… pero no menos demoledor. Ha cuestionado reiteradamente la legitimidad del Gobierno, ha sugerido que las instituciones están «capturadas», ha hablado de «deriva autoritaria» sin aportar un solo dato concreto que lo sustente. El mensaje implícito es claro: quien no sea del PP no debería gobernar en absoluto.
Y luego está Vox. Ahí ya ni siquiera hay disimulo. Santiago Abascal ha llamado «chiringuito feminazi» a los organismos de igualdad. Ha descrito a los inmigrantes como una amenaza existencial para España. Ha pedido la derogación de leyes que protegen a mujeres víctimas de violencia. Ha cuestionado públicamente el cambio climático mientras el planeta arde, literalmente. Ha equiparado los derechos LGTBI con un «adoctrinamiento» de los menores.
Esto no es crítica política. Es desprecio organizado.
La máquina del fango
Pero si hay algo que define la estrategia de la derecha española en estos años, no es solo el insulto visible. Es la maquinaria que trabaja en la sombra.
El caso Begoña Gómez es paradigmático. La esposa del presidente del Gobierno fue sometida durante meses a una investigación judicial que arrancó de denuncias presentadas por asociaciones de extrema derecha, sin pruebas sólidas, con una fiscalía que en muchos momentos pedía el archivo, y con una cobertura mediática de ciertos medios que parecía coordinada al milímetro. Al final, buena parte de los cargos se fueron cayendo… pero el daño estaba hecho. Ese era el objetivo real: el daño. No la justicia.
Porque en la política del fango no se busca condenar. Se busca manchar. Se busca que el barro llegue tan lejos que aunque luego la ropa se limpie, la gente recuerde el olor.
¿Alguien ha visto algo parecido desde la izquierda? ¿Investigaciones orquestadas contra las familias de líderes del PP? ¿Campañas de desprestigio sostenidas durante meses contra la pareja de Feijóo? No. Porque eso no ha ocurrido. La respuesta desde los partidos progresistas ha sido, en general, política: propuestas, críticas a decisiones de gobierno, oposición parlamentaria. No persecución personal.
La asimetría es real. Y es importante nombrarla.
Cinco años bloqueando la justicia
El Partido Popular mantuvo bloqueada durante casi cinco años la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cinco años. El máximo órgano de gobierno de los jueces en España, con el mandato caducado, funcionando en prórroga, sin legitimidad renovada… porque el PP se negó a negociar.
¿La razón oficial? Que querían garantías. ¿La razón real? Que los jueces nombrados en la etapa anterior les eran favorables, y renovar el consejo significaba perder ese control. Lo dijeron, con distintas palabras, sus propios dirigentes.
Esto es algo muy serio. Bloquear las instituciones judiciales por interés partidista es atacar el Estado de derecho. No desde fuera. Desde dentro, con corbata y escaño.
Y mientras tanto, acusaban al Gobierno de «capturar las instituciones».
Lo que está en juego: el Estado del bienestar
Todo esto no sería tan grave si fuera solo teatro. Pero no es teatro. Las palabras tienen consecuencias, y las políticas también.
Cuando Vox entra en un gobierno autonómico, las primeras medidas que impulsa son el recorte de las políticas de igualdad, la eliminación de organismos de protección a víctimas de violencia de género, la restricción de los programas de atención a migrantes, la presión sobre los contenidos educativos. No son amenazas. Son hechos.
Y el PP, que durante años dijo que jamás pactaría con Vox, terminó pactando con Vox. En Castilla y León. En Aragón. En Extremadura. En Valencia. La línea roja se disolvió como azúcar en agua caliente.
¿Qué ocurre con la sanidad pública cuando gobierna la derecha más dura? Lo vimos en Madrid durante la pandemia: residencias de mayores sin protocolos adecuados, miles de muertos, colapso de la atención primaria, privatizaciones silenciosas. Lo vemos hoy en comunidades donde las listas de espera se multiplican y la sanidad concertada crece mientras la pública se estanca.
¿Qué ocurre con la educación? Recortes en becas, eliminación de programas de inclusión, presión para introducir el «pin parental»… un mecanismo por el que los padres pudieran vetar contenidos educativos que no les gustaran. La educación pública como campo de batalla cultural.
Cada vez que la derecha ha gobernado en España a nivel nacional, el gasto social ha retrocedido. No es ideología. Es historial.
El día que Feijóo tocó fondo
Pero si hay un momento que resume con precisión quirúrgica hasta dónde ha llegado la degradación, ese momento ocurrió el 24 de junio de 2026 en el Congreso de los Diputados. Y lo protagonizó Alberto Núñez Feijóo, el hombre que se presenta como la alternativa moderada y presidenciable de la derecha española.
Durante el pleno, en un turno de réplica al presidente del Gobierno, Feijóo se dirigió a Patxi López, portavoz del PSOE, y le espetó esto: «Señor Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás».
Pausa. Respira. Vuelve a leer eso.
El líder de la oposición, desde la tribuna del Parlamento, invocó el fantasma del padre muerto de un diputado para insultarle políticamente. No estaba hablando de leyes, de presupuestos, de propuestas de gobierno. Estaba usando a un muerto. A un padre. A alguien que ya no puede defenderse.
Lo que Feijóo no sabía, o no le importó, es que ese padre tenía nombre y tenía historia. Eduardo López Albizu fue un histórico sindicalista vizcaíno, dirigente clandestino de UGT y del PSOE en el País Vasco durante los años más oscuros de la dictadura franquista. Fue torturado en comisarías de este país. Fue encarcelado. Fue desterrado. Todo ello por defender la libertad cuando defenderla costaba sangre.
Patxi López, visiblemente roto de rabia, respondió desde el escaño con una de las intervenciones más devastadoras que se recuerdan en el Parlamento español. «Para que yo le acepte al señor Feijóo que hable de mi padre, tendría que nacer tres veces: una por las veces que le dieron de hostias en las comisarías de este país, otra por las veces que estuvo encarcelado y otra por el destierro que tuvo que soportar por defender la libertad.»
Y entonces vino el golpe definitivo. Porque mientras el padre de Patxi López sufría torturas por defender la democracia, ¿dónde estaba el fundador del partido que hoy lidera Feijóo? Manuel Fraga «formaba parte del gobierno de la dictadura que le torturó, que le encarceló, que le desterró y que fusilaba a la gente en este país.»
«Tápese un poco y deje de ser tan ruin. Es lo que es. Esa es la degradación, la decadencia que ha traído el señor Feijóo a este país.»
No hay mejor definición de lo que está ocurriendo. Ruin. Esa palabra, dicha con la voz quebrada y los ojos encendidos de alguien que acaba de ver mancillada la memoria de su padre, lo resume todo.
Esto no es política. Es miseria moral con micrófono.
El precio de la crispación
Hay algo que se olvida fácilmente en el día a día del ruido político: la crispación tiene un coste real para la gente.
Cuando los líderes políticos se insultan, cuando las instituciones se bloquean, cuando los medios afines amplifican el barro… la ciudadanía desconecta. Se instala el cinismo. «Son todos iguales», se dice en los bares, en las cenas familiares, en los grupos de WhatsApp. Y ese cinismo es el caldo de cultivo perfecto para que la gente deje de votar, deje de confiar, deje de participar.
Una democracia que no genera confianza es una democracia débil. Y una democracia débil es vulnerable. A los populismos, a las fake news, a quienes prometen soluciones simples para problemas complejos.
La derecha española lleva años haciendo exactamente eso: debilitar la confianza en las instituciones para luego presentarse como la única alternativa de orden. Es el viejo truco del pirómano que pide plaza en los bomberos.
No es lo mismo
Se puede debatir mucho sobre si la izquierda ha sido perfecta en su gestión. Claro que no. Se puede discutir si Sánchez ha tomado siempre las mejores decisiones. Obvio que hay margen de crítica.
Pero hay una diferencia fundamental, y negarla sería deshonesto.
La izquierda española no ha construido una maquinaria de odio. No ha perseguido judicialmente a las familias de sus adversarios. No ha bloqueado instituciones durante años por interés propio. No ha pactado con partidos que quieren retirar derechos a las mujeres, a los inmigrantes, a las personas LGTBI. No ha invocado a los muertos ajenos desde una tribuna parlamentaria para herir a un rival político.
Ha respondido a las provocaciones, sí. A veces con más contundencia de la deseable. Pero responder no es lo mismo que atacar primero. Defenderse no es lo mismo que agredir.
La diferencia importa. Y mucho.
El momento de elegir
España tiene por delante decisiones enormes. La transición energética, la vivienda, el envejecimiento de la población, la digitalización de la economía, la integración de personas migrantes… Ninguno de estos retos se resuelve con insultos. Ninguno de estos desafíos tiene solución en la polarización.
Pero mientras la derecha siga apostando por la política del odio como estrategia electoral, mientras sigan midiendo su éxito en trending topics de indignación y no en políticas que mejoren la vida de la gente… el diálogo será imposible.
Y el episodio del padre de Patxi López nos lo recuerda con una crueldad desnuda: estamos ante líderes que no tienen reparos en usar a los muertos como munición política. Que invocan a un hombre torturado por Franco para atacar a su hijo desde la misma tribuna donde ese hijo defiende hoy la democracia que su padre ayudó a construir con sangre.
Una democracia que no desaparece de golpe. Se va vaciando, poco a poco, como un globo con un pinchazo diminuto que nadie nota hasta que ya no queda aire.
Eso es lo que está en juego. No las siglas. No las caras. La convivencia. El estado del bienestar. La capacidad de vivir juntos en un país que, a pesar de todo, merece algo mucho mejor que esto.
Este artículo es un análisis de opinión basado en hechos documentados y de dominio público.