Sí se puede… pero hacen falta políticos con agallas.
Hay una ciudad en Holanda que decidió hacer algo muy sencillo. Casi radical de tan obvio. Utrecht aprobó una ley que dice, básicamente, que si compras una vivienda, tienes que vivir en ella. Punto. Nada de comprar para especular, nada de fondos de inversión acaparando pisos, nada de segundas propiedades como negocio… a no ser que tú o alguien de tu familia vaya a habitar ese espacio.
El resultado fue inmediato y medible. La proporción de propiedades compradas para alquilar cayó del 13% al 2%. Los compradores primerizos, esos jóvenes que llevaban años compitiendo en desventaja absoluta con el capital inversor, empezaron a ganar terreno: pasaron de adquirir el 46% de las viviendas vendidas en 2021 al 53% en 2023.
Una ley. Una sola ley valiente. Y el mercado cambió.
Ahora mira lo que pasa aquí.
España: cuando vivir se convierte en un privilegio
En 2025, los precios de la vivienda en España superaron una subida del 16%. El precio medio de una vivienda de 80 metros cuadrados pasó de 130.000 a 200.000 euros entre 2015 y 2025. Pero lo más brutal es el alquiler: en ese mismo periodo, los precios se han duplicado. Un aumento muy por encima de los salarios, las pensiones o el IPC.
Y eso tiene consecuencias humanas, no solo estadísticas.
En el segundo semestre de 2024, la tasa de emancipación juvenil cayó a un mínimo histórico: solo el 15,2% de los jóvenes logró independizarse. No por falta de trabajo… sino porque una persona joven tiene que destinar de media el 92,3% de su salario para poder alquilar una vivienda en solitario. Noventa y dos por ciento. Léelo despacio.
No es un error tipográfico. Es la realidad de una generación entera que ha hecho todo lo que se suponía que tenía que hacer: estudiar, trabajar, formarse… y aun así no puede pagarse un piso.
La época en que nueve de cada diez mayores de 60 años compraban su vivienda siendo jóvenes quedó atrás. Ahora, solo uno de cada tres hogares formados por personas de entre 29 y 40 años es propio. Una caída brutal frente al 70% que lo lograba en 2002.
¿Qué ha pasado en estos veinte años? Pues que la vivienda dejó de ser un hogar y se convirtió en un activo financiero.
El problema tiene nombre y apellido
La inversión en vivienda aumentó un 20% en 2024, alcanzando casi 14.000 millones de euros, impulsada por el atractivo de los activos inmobiliarios frente a la renta fija. Esto ha generado una «financiarización» del sector: la conversión de inmuebles en activos financieros con rendimiento, que ha expulsado progresivamente al comprador medio, especialmente en las grandes ciudades, donde los precios han crecido más del 9% interanual en 2025.
Fondos de inversión, socimis, grandes tenedores… entidades que no necesitan una hipoteca, que no tienen que convencer a ningún banco, que compran a tocateja y en bloque. Y que cuando entran en un barrio, ese barrio deja de ser accesible para las familias que lo han habitado siempre.
Solo cuatro de cada diez operaciones de compraventa de vivienda se realizan con hipoteca. El resto son compras al contado. Inversión pura. Especulación organizada. Y mientras eso ocurre, el parque de vivienda pública en España representa apenas el 1,5% del total, muy por debajo del 9% de media en la Unión Europea.
Uno coma cinco por ciento. En un país donde millones de familias no pueden permitirse vivir en las ciudades donde trabajan.
Los anuncios no construyen casas
El Gobierno ha prometido. Mucho. En abril de 2023, el presidente Sánchez prometió la creación de 244.000 viviendas públicas. Los datos oficiales indican que hasta finales de 2024 apenas se habían entregado unas 350 unidades, mientras que más de 115.000 seguían sin iniciarse.
350 unidades. De 244.000 prometidas.
No es un problema de buenas intenciones. Es un problema de voluntad política real, de romper con los intereses del lobby inmobiliario y de entender que esto ya no puede esperar. Solo en 2024 se produjeron más de 27.000 desahucios en España, tres de cada cuatro relacionados con contratos de alquiler. En la última década, más de medio millón de familias se han visto obligadas judicialmente a abandonar su casa.
Medio millón de familias. No son datos abstractos. Son vidas rotas.
Lo que España necesita hacer… y que ya funciona en otros sitios
Utrecht lo ha demostrado. Con políticas restrictivas en la compra de vivienda para alquiler, es posible mejorar el acceso de la población a la adquisición de su primera residencia. No es utopía. Es pragmatismo europeo.
¿Qué necesitamos en España? Varias cosas, y ninguna de ellas es nueva ni imposible:
Primero, que los fondos de inversión y las grandes sociedades no puedan comprar vivienda residencial. Sumar ya ha llevado al Congreso una proposición de ley para prohibir que empresas, fundaciones o fondos de inversión puedan comprar casas en España, argumentando que la propiedad de viviendas residenciales en manos de personas jurídicas no responde al derecho de uso y disfrute, sino a la concepción de la vivienda como bien de inversión. Una iniciativa que, con voluntad suficiente, podría tener mayoría parlamentaria.
Segundo, construir vivienda pública de verdad. No anunciarla. Construirla. Con suelo público, con financiación garantizada y con plazos reales. Llegar al 9% europeo debería ser un objetivo de Estado, no de legislatura.
Tercero, aplicar de verdad la regulación del alquiler en las zonas tensionadas, con mecanismos de control efectivos y sanciones reales a quienes los incumplan.
Y cuarto, gravar con fuerza la vivienda vacía en manos de grandes tenedores. Si un piso está vacío mientras hay familias sin techo, eso no es un derecho de propiedad: es un escándalo social.
No es ideología. Es sentido común.
Hay quien dirá que regular el mercado de la vivienda es un ataque a la propiedad privada, que el mercado se autorregula, que estas medidas espantan a los inversores. Son los mismos argumentos de siempre. Los mismos que se usaron para no regular los bancos antes de 2008.
El mercado no se ha autorregulado. Los precios llevan diez años subiendo sin parar. Los fondos de inversión han ganado miles de millones. Y 6,8 millones de personas en España, el 14% de la población, tienen que hacer un sobreesfuerzo cada mes para mantener su vivienda.
Una ciudad holandesa de tamaño mediano tomó una decisión valiente y cambió las reglas del juego en dos años. España lleva dos décadas mirando cómo se disparan los precios, prometiendo planes que no se ejecutan y dejando que el mercado decida quién merece tener un hogar.
La vivienda es un derecho. Lo dice nuestra Constitución en su artículo 47. No es un eslogan: es una obligación del Estado. Y ya es hora de que alguien actúe como si lo creyera de verdad.