Hay quien, cuando pierde unas elecciones, arrima el hombro por el país; y hay quien convierte el bloqueo en programa. Del Pacto del Majestic al boicot de la financiación autonómica de 2026, un repaso a dos maneras opuestas de entender para qué sirve estar en la oposición… y a lo que la segunda nos termina costando a todos.
Dos maneras de entender para qué sirve la política
Hay una pregunta que casi nunca nos hacemos en voz alta, pero que está debajo de todo lo demás. ¿Para qué está un partido en el Congreso? Parece de Perogrullo, ya lo sé. Pero piénsalo un momento. Hay quien cree que está ahí para gobernar, y si no gobierna, para que el país funcione lo mejor posible mientras espera su turno. Y hay quien cree que está ahí para una sola cosa: para volver al poder cuanto antes, cueste lo que cueste, pase lo que pase, aunque por el camino se lleve por delante medio país.
Pues bien, en España llevamos décadas viendo cómo conviven esas dos maneras de entender lo mismo. Y conviene mirarlas de frente, sin paños calientes, porque la diferencia entre una y otra no es una cuestión de matices. Es una cuestión de qué clase de país queremos ser.
Voy a contarte una historia que va de eso. De cómo unos, cuando les ha tocado estar enfrente, han sabido tragar saliva y arrimar el hombro por algo más grande que su interés de partido. Y de cómo otros, cuando les ha tocado lo mismo, han hecho justo lo contrario: convertir el bloqueo en estrategia, el «no» en programa político, y el desgaste del adversario en su única hoja de ruta.
Empecemos por una foto incómoda
1996. Un hotel de Barcelona, el Majestic. Allí se sientan José María Aznar y Jordi Pujol y firman el acuerdo que mete al PP en la Moncloa. El famoso Pacto del Majestic. Aznar, que había hecho campaña hablando catalán «en la intimidad» para tranquilizar a su parroquia, se abraza al nacionalismo catalán de Convergència para poder gobernar. Y lo hace sin pestañear.
¿Por qué traigo esto a colación? Porque conviene tenerlo presente cada vez que la derecha española se rasga las vestiduras hablando de pactos con nacionalistas. Cada vez que escuchamos eso de que negociar con un partido catalán es poco menos que vender España, merece la pena recordar quién inauguró ese baile y dónde lo hizo. La derecha pacta con quien haga falta cuando el pacto la lleva al poder. Y luego, cuando el pacto lo firma otro, lo convierte en traición. El mismo gesto, según quién lo haga, es estadista o es felonía. Curioso, ¿no?
Esa es, en el fondo, la primera pista de todo lo que vendrá después. Para cierta derecha, los principios no son brújula. Son munición. Se sacan cuando vienen bien y se guardan cuando estorban.
La otra forma de estar: arrimar el hombro aunque duela
Ahora cambiemos de plano. Porque frente a esa manera de entender la política existe otra, y conviene reconocerla aunque no nos guste todo lo que arrastra. Voy a ponerte ejemplos concretos, que es donde se ven las cosas de verdad.
Año 2011. España está en el peor momento de la crisis. La prima de riesgo desbocada, los mercados con el cuchillo entre los dientes, Europa apretando por teléfono a cualquier hora. Y en ese contexto, el Gobierno de Zapatero —socialista— y la oposición de Rajoy —del PP— se sientan y reforman a toda prisa el artículo 135 de la Constitución. Una reforma exprés, en pleno agosto, para meter en la Carta Magna el principio de estabilidad presupuestaria. Para muchos en la izquierda fue un trago amarguísimo. Lo fue. Atar de pies y manos el gasto público en plena recesión no es precisamente el sueño húmedo de un socialdemócrata.
Pero fíjate en una cosa. Aquello salió adelante porque hubo dos partidos dispuestos a tomar una decisión impopular, costosa en votos, peligrosa de explicar, porque creían —con razón o sin ella, eso es otro debate— que el país lo necesitaba. Eso es razón de Estado. Tragar saliva. Pagar un precio. Hacer lo que toca aunque no dé rédito.
Y no fue un caso aislado. Mira los Pactos de Toledo, esos acuerdos sobre pensiones que llevan décadas funcionando precisamente porque los grandes partidos entendieron que el dinero de los jubilados no podía estar a merced de cada vaivén electoral. Mira los pactos antiterroristas de los años más duros, cuando socialistas y populares supieron, al menos durante un tiempo, que frente a ETA había cosas que no se tocaban, que no se usaban como arma arrojadiza. Había un suelo. Un terreno común. Un «esto no, esto está por encima de nosotros».
El ejemplo que lo dice todo: el 155
Pero si hay un caso que retrata de cuerpo entero las dos maneras de entender la política, es el del otoño de 2017. Cataluña. El desafío del procés. El Gobierno de Rajoy —del PP— decide aplicar el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana. Una decisión gravísima, sin precedentes, de las que marcan una época.
¿Y qué hace el PSOE? Estaba en la oposición. Tenía todos los incentivos del mundo para dejar solo a Rajoy, para escurrir el bulto, para decir aquello de «que se las apañe el que gobierna». Le habría salido gratis. Le habría salido hasta rentable, seguramente, en según qué territorios.
Pues no. El PSOE de Pedro Sánchez apoyó la aplicación del 155. Sostuvo al Gobierno del PP en una de las decisiones más delicadas de la democracia reciente. ¿Por qué? Porque entendió que aquello no iba de partidos. Iba del Estado. Iba de algo que estaba por encima del tablero electoral de turno.
Y aquí está la clave de todo lo que te quiero contar. El PSOE apoyó una medida durísima propuesta por la derecha, contra sus propios intereses partidistas, porque creyó que era lo que el país necesitaba. Razón de Estado en estado puro. Y conste que no lo digo para hacer del PSOE un partido de santos, que de eso no va esto. Lo digo porque el contraste con lo que hace la derecha cuando le toca a ella estar enfrente es, sencillamente, demoledor.
Y ahora, el reverso de la moneda
Porque vamos a ver qué pasa cuando es el PP quien está en la oposición. Cuando le toca a él decidir si arrima el hombro o si pone palos en las ruedas.
El caso más sangrante, el que debería avergonzar a cualquiera que diga defender las instituciones, es el del Consejo General del Poder Judicial. El órgano que gobierna a los jueces. La Constitución manda renovarlo cada cinco años. Pues bien: el PP lo tuvo secuestrado más de un lustro. Más de cinco años negándose a renovarlo, incumpliendo de manera flagrante el mandato constitucional, manteniendo en funciones a un órgano caducado, todo para no perder el control de una mayoría conservadora que las urnas ya le habían retirado.
Léelo otra vez, porque merece la pena pararse. Un partido que se llena la boca hablando de Constitución, de separación de poderes, de respeto a las instituciones, incumpliendo durante más de cinco años un mandato constitucional clarísimo. ¿Y por qué? Por puro cálculo. Porque renovar el Consejo según mandaba la ley significaba perder una mayoría que ya no le correspondía. Así de simple. Así de pequeño.
Esto no es defender la Constitución. Esto es usarla de escudo cuando conviene y pisotearla cuando estorba. Y mientras tanto, la Justicia española arrastrándose con un órgano de gobierno caducado, paralizado, incapaz de hacer nombramientos, deteriorándose a ojos vista. ¿A quién le importaba eso? A nadie del lado que bloqueaba. El daño a la institución no era un efecto colateral lamentable. Era, directamente, la herramienta. Cuanto peor, mejor.
Y hay una expresión que se ha pegado a esta manera de hacer oposición como una lapa: «cuanto peor, mejor». Curiosamente, las palabras más célebres en esa línea las soltó el propio Mariano Rajoy, siendo presidente del Gobierno, en plena moción de censura de 2017. Un trabalenguas que dejó al hemiciclo perplejo: «cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor…». Un lapsus, sí, una frase enredada que seguramente él no quería decir así. Pero fíjate qué cosa: se quedó pegada precisamente porque retrata una actitud que mucha gente llevaba tiempo viendo. Por algo sus críticos la repiten una y otra vez como si fuera una confesión involuntaria.
Y es que, más allá del trabalenguas, la idea de fondo asusta. Llevada al extremo, significa desear que las cosas salgan mal. Que a tus propios compatriotas les vaya peor, porque su tropiezo es tu oportunidad. No conozco una manera más indigna de entender el poder.
2026: el mismo guion, distinta función
Y llegamos a hoy. A esta primavera de 2026. Porque lo que está pasando con la reforma de la financiación autonómica es, otra vez, exactamente la misma película.
El Gobierno ha puesto sobre la mesa un nuevo modelo de financiación. Una reforma que el sistema necesita a gritos, porque el modelo vigente lleva años caducado, sin actualizar, generando desequilibrios cada vez más importantes entre territorios. Comunidades enteras —Valencia, Murcia, Andalucía— llevan tiempo clamando porque están infrafinanciadas, porque reciben menos de lo que les correspondería para pagar sanidad, educación, dependencia. Esto no es un capricho ideológico. Es dinero para hospitales, para colegios, para residencias. Para la vida de la gente, vaya.
¿Y qué ha hecho el PP? Lo de siempre. Negarse. Pero no negarse con una contrapropuesta encima de la mesa, ojo. No negarse diciendo «yo lo haría así, mira mi modelo, comparemos». No. Negarse a sentarse siquiera. La mayoría de las comunidades gobernadas por el PP han plantado las reuniones bilaterales con Hacienda. Han boicoteado el diálogo. Han exigido que todo se traslade a otro foro mientras, en la práctica, se aseguran de que no se mueva nada.
Y aquí viene lo más revelador de todo. Lo que de verdad lo retrata. Hay comunidades del PP que reconocen, en privado y a veces hasta en público, que ese nuevo modelo las beneficiaría. Que les vendría bien más dinero. Que sus servicios públicos lo necesitan. Andalucía, sin ir más lejos, es de las que más ganaría. Y aun así, su presidente prefiere rechazar la propuesta antes que negociarla, mientras hasta voces de su propia oposición le afean que esté despreciando un sistema que llenaría las arcas andaluzas.
Para que lo veamos claro: hay dirigentes del PP dispuestos a renunciar a más financiación para sus propios ciudadanos —para sus hospitales, sus colegios, sus dependientes— con tal de no dar una victoria al Gobierno de Sánchez. Con tal de que no se pueda decir que el Ejecutivo socialista ha sacado adelante una buena reforma. El bien de su propia gente, sacrificado en el altar del desgaste del adversario.
Eso, queridos lectores, no es razón de Estado. Es razón de desgaste. Es la política entendida como una guerra de trincheras donde lo único que importa es que el otro no levante cabeza, aunque para lograrlo haya que dejar tirados a los tuyos.
El truco retórico, al descubierto
Me dirás: hombre, pero el PP tiene sus argumentos. Y es verdad, los tiene, y es justo ponerlos sobre la mesa. Dicen que el modelo se negoció primero con ERC, que nace de un pacto con los independentistas catalanes, que esconde un trato de favor a Cataluña, una «financiación singular» que rompería la igualdad entre españoles. Que cómo se va a fiar nadie de algo cocinado con quienes quieren romper España.
Vale. Escuchemos eso un momento, con honestidad. Porque parte de razón pudiera haber: que una reforma de esta envergadura arranque de un acuerdo bilateral con un solo partido, y no de un consenso amplio, es legítimamente criticable. Hay incluso barones del propio PSOE que han mostrado sus reparos, y no son tontos. Conviene no barrer eso debajo de la alfombra.
Pero fíjate en la trampa. Una cosa es decir «no me gusta cómo ha nacido esta reforma, vamos a mejorarla, sentémonos y quitémosle lo que tenga de trato singular, démosle la vuelta para que sea justa con todos». Y otra muy distinta es decir «no me siento, no negocio, no propongo nada, y boicoteo hasta el foro donde podríamos hablarlo». Lo primero es oposición. Lo segundo es sabotaje. Y el problema es que el modelo, recordemos, tiene que pasar por el Congreso, donde haría falta convencer a media Cámara. O sea que las espadas no están ni de lejos en todo lo alto: hay margen larguísimo para negociar, para enmendar, para mejorar. Si de verdad te preocupa que Cataluña salga beneficiada de más, lo lógico sería pelear en la mesa para corregirlo, no levantarte de ella.
Cuando alguien rechaza un acuerdo que beneficiaría a sus propios votantes, sin ofrecer alternativa, negándose hasta a hablar, el argumento del «trato de favor a Cataluña» deja de ser una preocupación sincera y se convierte en lo que decíamos al principio: munición. Una coartada. La excusa noble para una decisión que no tiene nada de noble. Porque si fuera una preocupación de verdad, la canalizarías negociando, no bloqueando. Te sentarías a arreglar lo que no te gusta. No te dedicarías a que no haya nada que arreglar porque no hay nada.
Lo que esto nos cuesta a todos
Y aquí está lo que de verdad me preocupa, lo que debería preocuparnos a todos, votemos a quien votemos. Porque esto no va de hacer la pelota a un partido ni de demonizar a otro. Va de algo más profundo. Va de que esta forma de hacer política nos sale carísima. Y la pagamos todos.
Cuando un partido decide que su único objetivo es desgastar, que cualquier cosa que proponga el adversario hay que tumbarla aunque sea buena, que las instituciones son rehenes que se sueltan o se secuestran según convenga, lo que se rompe es algo que no se ve en los telediarios pero que sostiene todo lo demás. Se rompe la idea de que hay cosas por encima de la pelea. Se rompe el suelo común.
Piénsalo en términos de tu vida diaria. Esos cinco años de Consejo del Poder Judicial bloqueado se tradujeron en una Justicia más lenta, más colapsada, con nombramientos paralizados. Eso le pasa factura a cualquiera que tenga un juicio pendiente, a cualquier empresa que espere una resolución, a cualquier víctima que aguarde sentencia. Esa financiación autonómica que no se reforma significa, muy concretamente, menos médicos en tu centro de salud, listas de espera más largas, aulas más masificadas, plazas de residencia que no llegan. No es abstracto. Es el quirófano que no se abre, el profesor que no se contrata, la plaza de dependencia que se queda en lista.
A eso me refiero cuando hablo de poner los intereses de partido por delante del bien común. No es una frase bonita para un mitin. Es la diferencia, muy real, entre que las cosas funcionen un poco mejor o un poco peor para millones de personas que ni siquiera están pendientes de estos debates. Gente que solo quiere que la sanidad funcione, que el cole de sus hijos no esté en barracones, que la Justicia no tarde tres años en darte la razón.
No es simetría, y conviene decirlo claro
Sé que llegados a este punto habrá quien diga: «ya, pero todos los partidos hacen lo mismo, todos barren para casa, esto es la vieja historia del y-tú-más». Y entiendo la tentación, de verdad que sí. Porque es cómoda. Porque te ahorra tener que mojarte. Porque desde el sofá todo parece igual de turbio.
Pero no es verdad que sea lo mismo. Y rendirse a esa equidistancia perezosa es, precisamente, lo que más beneficia a quien hace de la destrucción su estrategia. Que el PSOE no es un partido de ángeles, es evidente. Que ha tenido sus cálculos, sus oportunismos, sus pactos discutibles, sus sombras —y vaya si las ha tenido—, también es evidente. Aquí no se trata de canonizar a nadie. Pero los hechos son tozudos. Cuando ha estado en la oposición frente a decisiones de Estado, el PSOE ha sido capaz de apoyar al adversario: el 155 lo demuestra, y no es poca cosa apoyar nada menos que la intervención de una autonomía propuesta por tus rivales. Cuando ha gobernado, ha sido capaz de pactar reformas dolorosas con la derecha: el 135 lo demuestra, aunque a muchos de los suyos les costara la vida explicarlo.
¿Dónde está el ejemplo equivalente del PP en los últimos años? ¿Dónde está la gran reforma que el PP haya apoyado desde la oposición sabiendo que le daba un triunfo a al PSOE? ¿Dónde está el gesto de «esto está por encima de nosotros, contad con nosotros»? Que alguien me lo señale, porque yo no lo encuentro. Lo que encuentro es el bloqueo del Poder Judicial, el «cuanto peor, mejor», el boicot a la financiación, el «no» antes incluso de saber a qué se dice que no. No es simetría. Es asimetría, y de las gordas.
Para terminar, una pregunta sencilla
Vuelvo a la pregunta del principio, esa tan de Perogrullo. ¿Para qué está un partido en el Congreso?
Si crees que está para que el país funcione lo mejor posible, gobierne quien gobierne, entonces hay una manera de comportarse: arrimas el hombro en lo importante, peleas duro en lo legítimo, y respetas las reglas del juego aunque te perjudiquen. Negocias hasta lo que no te gusta, porque sabes que la silla vacía no arregla nada. Eso es ser oposición en una democracia adulta.
Pero si crees que está para volver al poder cuanto antes, cueste lo que cueste, entonces todo vale. El bloqueo institucional vale. El desgaste por el desgaste vale. Renunciar a la financiación de tu propia gente con tal de no dar un triunfo al rival, vale. Que el país vaya peor, si eso te acerca a la Moncloa, vale. Y aquí ya no hablamos de discrepancia ideológica, que es sanísima y necesaria. Hablamos de otra cosa. De entender la cosa pública como un campo de batalla donde la tierra quemada es una táctica más.
Yo lo tengo claro, y a estas alturas del artículo no te sorprenderá. Hay una manera de hacer política que pone el país por delante del partido, aunque sea de uvas a peras y a regañadientes. Y hay otra que pone el partido por delante del país, siempre, sin excepción, con una frialdad que asusta. La primera tiene un nombre viejo y noble: razón de Estado. La segunda también tiene nombre, aunque nadie lo pondría en un cartel electoral: razón de desgaste.
Y entre una y otra, la próxima vez que tengamos una papeleta en la mano, deberíamos saber muy bien qué estamos eligiendo. Porque no elegimos solo un gobierno. Elegimos qué clase de país queremos ser. Y sobre todo, qué le pedimos a quien pierde: que ayude a que las cosas funcionen, o que rece para que se rompan.