Hay una frase que persiste, incómoda, cada vez que uno trata de entender lo que está pasando en la política española —y, en sentido más amplio, en buena parte de las democracias occidentales que creíamos consolidadas—. La frase dice: la represión nos enferma. No es nueva. La han formulado de distintas maneras psicólogos sociales, activistas, teóricos del trauma colectivo. Pero lo que resulta inquietante en el momento presente no es solo que la represión enferme. Es que parece que ya estamos enfermos antes de que la represión haya llegado en plenitud. Como si el cuerpo político hubiera aprendido a anticipar el golpe y se hubiera contraído antes de recibirlo. Como si el miedo no necesitara ya de la causa para instalarse.
Eso es lo que hay que analizar. No tanto el hecho represivo en sí —que puede estar en ciernes, que se anuncia, que se intuye en determinadas tendencias legislativas, en la erosión de contrapesos institucionales, en la retórica de quienes aspiran al poder o ya lo ejercen—, sino el efecto que ese anuncio produce sobre la sociedad antes de materializarse. La patología no espera al diagnóstico clínico. Ya ha empezado a caminar.
El miedo como tecnología de control
El miedo ha sido siempre un instrumento de gobernanza. Lo sabían los monarcas absolutos, lo supieron los regímenes totalitarios del siglo XX, lo saben los populismos del siglo XXI. Pero hay una diferencia sustancial entre el miedo que se impone mediante la fuerza bruta —el miedo al preso, al deportado, al represaliado— y el miedo que se inocula mediante la amenaza difusa, el rumor institucionalizado, la incertidumbre fabricada. Este segundo tipo es más eficiente porque no deja marcas visibles. No hay heridas que fotografiar. No hay víctimas que contar. Solo hay ciudadanos que se autocensuran, que bajan la voz, que piensan dos veces antes de firmar un manifiesto, de compartir una publicación, de salir a la calle.
El politólogo Steven Levitsky, en su ya canónico análisis sobre cómo mueren las democracias, señalaba que los retrocesos democráticos contemporáneos rara vez llegan con tanques. Llegan con leyes. Con nombramientos. Con presupuestos. Con titulares. El proceso es gradual, casi imperceptible para quienes no prestan atención, y precisamente por eso resulta tan eficaz: cuando la ciudadanía se da cuenta de lo que ha ocurrido, el espacio para la resistencia ya se ha reducido considerablemente. En España, en este 2025 que desemboca en un 2026 cargado de tensión política, asistimos a señales que merecen ser leídas con esa clave.
No se trata de catastrofismo. Se trata de lectura política honesta. Hay una diferencia entre quien grita que viene el lobo sin datos y quien observa que el rebaño lleva semanas sin dormir bien aunque el lobo aún no haya aparecido. La segunda situación también es un problema. Un problema acaso más difícil de articular, pero no menos real.
El odio como síntoma, no como causa
Cuando hablamos de que «ya estamos enfermos», el síntoma más visible —y el más perturbador— es el odio. No el odio como postura ideológica consciente, sino el odio como respuesta emocional a la incertidumbre, a la amenaza percibida, al otro que es señalado como responsable de un malestar que en realidad tiene causas mucho más complejas y difusas. El odio simplifica. El odio da nombre al enemigo. Y cuando el ambiente político alimenta sistemáticamente esa simplificación, el odio se vuelve una epidemia.
Lo que estamos viviendo en España —y esto no es un fenómeno exclusivamente español, aunque tenga sus particularidades históricas que lo hacen especialmente doloroso— es una polarización que no surge espontáneamente de la ciudadanía. La polarización se cultiva. Se riega con titulares diseñados para encender, con intervenciones parlamentarias que no buscan el debate sino el clip viral, con declaraciones que no pretenden convencer sino movilizar al ya convencido y espantar al adversario. El odio, en este contexto, no es la causa del problema político; es su consecuencia más visible. Es el síntoma de que algo en el tejido colectivo lleva tiempo enfermando.
La psicología social lleva décadas documentando cómo las amenazas percibidas —reales o construidas— generan respuestas de defensa grupal que incluyen la deshumanización del adversario, la clausura del pensamiento crítico dentro del propio grupo y una tendencia a interpretar cualquier información nueva en clave confirmatoria del relato previo. Cuando un sistema político activa deliberadamente esos mecanismos, no solo está jugando con fuego: está inoculando en el cuerpo social una infección que, una vez extendida, resulta extremadamente difícil de tratar. Y lo más grave: esa infección debilita precisamente las defensas que serían necesarias para resistir una represión real si esta llegara a materializarse.
El sometimiento sin someterlos: la represión anticipada
Hay un concepto en la teoría política que merece ser recuperado en este contexto: el de la violencia estructural. Johan Galtung, el sociólogo noruego que lo acuñó, lo definía como el daño que producen las estructuras sociales y políticas sobre las personas, sin que haya un perpetrador identificable que apriete el gatillo. La violencia estructural no requiere de represión directa para producir sus efectos: basta con que las condiciones del sistema generen miedo, sumisión, o simplemente el convencimiento de que resistir es inútil.
En el momento político actual, eso se traduce en algo muy concreto: personas que se autocensuran sin que nadie les haya dicho explícitamente que deben hacerlo. Periodistas que ponderan excesivamente las consecuencias de publicar determinadas informaciones. Académicos que evitan ciertos temas de investigación. Ciudadanos de a pie que, en conversaciones cotidianas, bajan la voz cuando hablan de política, que miran alrededor antes de opinar, que deciden que determinadas cosas «es mejor no decirlas». No porque haya una ley que lo prohíba expresamente. Sino porque el ambiente lo sugiere. Porque han visto lo que les pasa a quienes hablan. Porque el coste social y laboral de determinadas opiniones se ha vuelto lo suficientemente alto como para que el cálculo de prudencia se imponga sobre el impulso de la sinceridad.
Eso es el sometimiento sin represión formal. Y es, en muchos sentidos, más eficiente que la represión directa, porque no genera mártires, no produce imágenes que indignen, no activa los mecanismos de solidaridad que suelen despertar las víctimas visibles. Produce, en cambio, una sociedad lentamente vaciada de su capacidad de disenso. Una sociedad que, paradójicamente, parece libre porque nadie la encadena, pero que ha aprendido a encadenarse sola.
¿Qué se ve venir y por qué importa nombrarlo?
No conviene ser vago cuando se habla de estas cosas. La vaguedad es el refugio de quien quiere parecer crítico sin asumir las consecuencias de serlo. Así que conviene nombrar, aunque sea a trazo grueso, lo que se ve venir en el horizonte político español.
Se ven venir restricciones al espacio público de protesta, articuladas bajo el lenguaje de la seguridad y el orden. Se ven venir presiones sobre medios de comunicación que no exhiben la docilidad esperada, presiones que no siempre adoptan la forma de censura directa sino la de anunciantes que se retiran, de licencias que se dilatan, de querellas que se acumulan hasta hacer insostenible la operativa de una redacción. Se ven venir reformas institucionales que, bajo el argumento de la modernización o la eficiencia, concentran poder en el ejecutivo y reducen los contrapesos que hacen posible la rendición de cuentas. Se ven venir discursos que normalizan la idea de que determinados ciudadanos —los de determinada ideología, los de determinado origen, los de determinada condición— son un problema que hay que gestionar, no personas cuya dignidad hay que proteger.
Ninguna de esas cosas, tomada de forma aislada, parece suficiente para hablar de represión en el sentido clásico del término. Pero tomadas en conjunto, y leídas a la luz de lo que la historia comparada nos enseña sobre cómo se erosionan las democracias, configuran un cuadro clínico reconocible. Y el cuerpo social, aunque no siempre sepa articularlo con precisión, sí lo percibe. De ahí la enfermedad. De ahí el odio que se extiende como síntoma de un organismo que siente que algo amenaza su integridad sin saber exactamente de dónde viene la amenaza. De ahí el miedo que paraliza incluso a quienes se consideran políticamente activos e informados.
La salud democrática no es un estado: es una práctica
Si la represión nos enferma, la conclusión obvia sería esperar a que llegue para empezar a resistirla. Pero eso sería un error. Porque cuando la represión ha llegado en plenitud, la capacidad de resistencia ya se ha visto sustancialmente mermada. El trabajo de la salud democrática —si se acepta la metáfora médica que subyace a toda esta reflexión— se hace en el período de incubación, no cuando el paciente ya tiene fiebre alta.
Eso significa varias cosas prácticas. Significa nombrar lo que se ve, con precisión y sin hipérbole, evitando tanto el negacionismo cómodo «aquí no pasa nada, vivimos en una democracia plena» como la apocalíptica paralizante «ya no hay nada que hacer». Significa fortalecer los vínculos de confianza en el espacio público: entre ciudadanos, entre instituciones, entre medios y lectores, entre representantes y representados. Significa, sobre todo, reconocer que el odio con el que ya convivimos no es una característica natural de la sociedad española ni una consecuencia inevitable de la complejidad política: es un síntoma que puede tratarse si se identifica correctamente su origen.
El miedo, decía el escritor Ryszard Kapuscinski en sus crónicas sobre el poder, es una enfermedad contagiosa que se propaga más rápido que cualquier epidemia física. Pero añadía algo que suele olvidarse: el miedo también puede ser combatido con un antídoto muy simple y difícil a la vez. Ese antídoto es la presencia. Estar. Aparecer. Ocupar el espacio. No desaparecer cuando el ambiente se vuelve hostil, sino precisamente entonces mantenerse visible, seguir hablando, seguir pensando en voz alta, seguir construyendo los vínculos que la intimidación trata de destruir.
Estamos enfermos antes de la herida. Eso es verdad. Pero también es verdad que el diagnóstico temprano es la mejor noticia que puede dar un médico. Porque cuando uno sabe lo que tiene, puede empezar a tratarlo. El momento político actual, con toda su toxicidad, con toda su carga de odio y miedo preventivos, nos está lanzando precisamente ese diagnóstico. La pregunta es si tenemos la lucidez y el coraje colectivo de escucharlo.