La historia vuelve a colocar a Europa ante un espejo incómodo. Una vez más, la maquinaria militar de Estados Unidos, esta vez en coordinación con Israel, ha decidido que el derecho internacional es una molestia prescindible cuando se interpone entre sus intereses estratégicos y sus objetivos geopolíticos. La ofensiva contra Irán no es un episodio aislado ni un arrebato coyuntural: es la expresión coherente de una lógica de poder que lleva décadas operando bajo la premisa de que la fuerza sustituye a la ley cuando conviene.
La gravedad del momento no reside únicamente en la dimensión militar del conflicto, sino en el marco ideológico que lo legitima. La doctrina que inspira esta escalada no es la de la cooperación multilateral, ni la de la diplomacia preventiva, ni la del respeto a la soberanía. Es la doctrina del unilateralismo agresivo: primero se bombardea, luego se justifica. Primero se desestabiliza, luego se habla de reconstrucción. Y, mientras tanto, se exige a los aliados obediencia automática.
En este contexto, la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido clara: “No a la guerra”. Más allá de simpatías o discrepancias ideológicas, esa posición marca una línea roja imprescindible. Negarse a colaborar con una ofensiva que carece de cobertura del Consejo de Seguridad de la ONU no es un gesto retórico; es una afirmación de soberanía y de respeto al derecho internacional. España no puede convertirse en plataforma logística de una operación que vulnera principios básicos del orden jurídico global.
La respuesta airada de Donald Trump, amenazando con represalias comerciales contra España por no alinearse sin condiciones, ilustra la naturaleza profundamente coercitiva de esta política exterior. No se trata de cooperación entre iguales, sino de una lógica de vasallaje: quien no respalda la intervención, paga el precio. Quien no se pliega, es castigado. Esa concepción de las relaciones internacionales no es compatible con la idea de soberanía nacional que tanto invocan, paradójicamente, ciertos sectores de la derecha española.
Aquí emerge una contradicción fundamental. El discurso del llamado “patriotismo” conservador se llena la boca hablando de independencia, orgullo nacional y defensa de los intereses de España. Sin embargo, cuando la presión llega desde Washington, ese supuesto patriotismo se diluye en un silencio elocuente o, peor aún, en una adhesión automática a la estrategia estadounidense. El Partido Popular y Vox han evitado una condena firme de la escalada y han preferido situar el foco en criticar al Gobierno por no alinearse con la Casa Blanca.
Es legítimo discrepar de la política exterior del Ejecutivo. Lo que no es legítimo es presentar como traición la defensa del derecho internacional, mientras se normaliza el chantaje económico de una potencia extranjera. Porque si algo constituye una cesión de soberanía es aceptar que la política exterior de España deba dictarse desde otra capital bajo amenaza de sanciones.
Conviene recordar, además, que esta no es la primera vez que España se enfrenta a una decisión de este calibre. Hace más de dos décadas, el entonces presidente José María Aznar decidió apoyar la invasión de Irak liderada por Estados Unidos y el Reino Unido en la llamada Iraq War. Aquella guerra se justificó con argumentos que luego se revelaron falsos. Se habló de armas de destrucción masiva inexistentes. Se prometió estabilidad y democratización rápidas. Se invocó la seguridad global.
El resultado fue exactamente el contrario: desestabilización regional, cientos de miles de muertos, la expansión del terrorismo y un descrédito profundo de las instituciones internacionales. España, que no tenía nada que ganar en aquel conflicto, asumió un coste político y moral enorme. Millones de ciudadanos salieron a la calle para decir “No a la guerra”. La historia terminó dando la razón a esa mayoría social. Hoy, quienes minimizan aquella lección deberían explicar por qué creen que esta vez será diferente.
Pero hay un elemento nuevo en la coyuntura actual que no puede pasarse por alto. La firmeza del Gobierno español no está quedando aislada. Al contrario: está encontrando eco en amplios sectores de la comunidad internacional, desde gobiernos europeos hasta países del Sur Global que ven con preocupación la normalización de la guerra preventiva. La negativa de España a actuar como pieza auxiliar de una ofensiva unilateral está contribuyendo a articular una posición más amplia de contención y defensa del multilateralismo.
Esa capacidad de arrastre no es casual. España forma parte de la Unión Europea y su postura tiene un peso específico en el debate continental. Cuando un Estado miembro relevante marca una línea clara en favor del derecho internacional, facilita que otros gobiernos se sumen sin quedar expuestos individualmente a represalias. En política internacional, la masa crítica importa. Y en estos momentos, la posición española está ayudando a generarla.
Esto abre un debate de fondo que hasta hace poco parecía tabú: ¿tiene sentido que la seguridad europea siga dependiendo estructuralmente de la arquitectura de la OTAN si uno de sus pilares fundamentales adopta decisiones unilaterales que pueden arrastrar al conjunto a conflictos no deseados? La alianza atlántica nació en un contexto histórico concreto, marcado por la Guerra Fría. Su lógica era la defensa colectiva frente a una amenaza definida y simétrica. El escenario actual es radicalmente distinto.
Cuando la potencia dominante de la alianza utiliza su superioridad para imponer agendas que no necesariamente coinciden con los intereses europeos, la pregunta sobre la autonomía estratégica deja de ser teórica. ¿No es este el momento de plantear con seriedad una unión defensiva europea, capaz de garantizar la seguridad del continente sin depender de decisiones tomadas al otro lado del Atlántico? ¿No es este el instante para avanzar hacia una política exterior y de defensa verdaderamente común, coherente con los valores que Europa proclama?
Plantear el debate sobre el futuro de la OTAN no equivale a desmantelar de la noche a la mañana los mecanismos de cooperación existentes. Significa, más bien, asumir que la soberanía compartida europea exige instrumentos propios. Una unión defensiva europea no tendría por qué ser belicista; al contrario, podría basarse en la disuasión, la prevención de conflictos y la primacía del derecho internacional. Sería un paso hacia una Europa adulta, capaz de definir sus intereses sin tutelas.
Desde una perspectiva de izquierdas, esta propuesta no es un capricho ideológico, sino una consecuencia lógica de la experiencia histórica. La subordinación estratégica ha demostrado sus límites. La autonomía, en cambio, puede reforzar tanto la democracia interna como la credibilidad externa. Si Europa quiere ser un actor global y no un escenario donde otros dirimen sus disputas, necesita herramientas propias.
La derecha española debería participar en este debate con altura de miras. Sin embargo, su reflejo inmediato parece ser el de cerrar filas con la estructura existente, aunque esa estructura no siempre actúe en beneficio de los intereses europeos. Defender la OTAN como dogma intocable, incluso cuando sus dinámicas internas generan tensiones profundas, no es realismo; es inmovilismo.
El respeto al derecho internacional no es un capricho moralista. Es un mecanismo de protección colectiva. Cuando se debilitan las normas que limitan el uso de la fuerza, todos los Estados medianos y pequeños quedan más expuestos. España no es una superpotencia militar. Su mejor defensa no es la amenaza, sino la vigencia de reglas claras y aplicables a todos. Renunciar a ellas por conveniencia coyuntural sería un error estratégico de primer orden.
Ser extremadamente combativo en este momento implica decirlo sin rodeos: la política de hechos consumados, el chantaje comercial y la guerra preventiva no pueden ser la base del orden internacional. Y también implica afirmar que Europa tiene derecho —y quizá la obligación— de construir una arquitectura de seguridad coherente con sus propios principios.
Hace veinte años, España pagó un precio político y moral por alinearse con una guerra injusta. Hoy tiene la oportunidad de situarse en el lado opuesto de esa historia. De liderar, junto a otros, una respuesta basada en la legalidad y la diplomacia. De abrir un debate necesario sobre la autonomía estratégica europea. Y de demostrar que el patriotismo auténtico no consiste en obedecer sin cuestionar, sino en defender con firmeza la dignidad democrática y la soberanía popular.
Otros países apoyan la postura de España como Francia e Italia. Saludos