La política como campo de batalla
Desde hace algunos años, la política española parece haber abandonado el terreno de la confrontación democrática normalizada para adentrarse en lo que Carl Schmitt definía como la lógica del “enemigo” en lugar del “adversario”. Allí donde el pluralismo democrático ve divergencia de proyectos, la derecha y buena parte de la judicatura observan un conflicto existencial: la izquierda no es simplemente un contendiente político, sino una amenaza a neutralizar.
En este marco, la figura de Alberto Núñez Feijóo ocupa un lugar paradójico. Presentado como el “hombre sensato” que debía devolver centralidad al Partido Popular tras la debacle de Casado, su mandato se ha revelado vacío, carente de iniciativa y prisionero de los sectores más reaccionarios de su propio partido. El resultado es que la derecha, ante la inanidad de su líder, ha decidido librar una guerra total contra la izquierda utilizando todos los instrumentos a su alcance: el mediático, el judicial y el institucional.
La inanidad de Feijóo: crisis de liderazgo y ausencia de proyecto
La historiografía política española ha señalado con frecuencia la incapacidad del centro-derecha para generar proyectos inclusivos de país. Santos Juliá, por ejemplo, recordaba que la derecha española ha estado marcada por un déficit de “consenso democrático” heredado de la dictadura y de una transición que consolidó privilegios institucionales en lugar de cuestionarlos. Feijóo encarna esa incapacidad en grado sumo: sin visión propia, su estrategia se reduce a esperar la caída del adversario.
La inanidad de Feijóo no es solo personal. Refleja un vacío programático: el PP carece de propuestas de fondo en los grandes debates contemporáneos —desigualdad, crisis climática, modelo territorial, digitalización del trabajo— y se limita a un repertorio de consignas contra el Gobierno: “traición”, “rendición”, “ruina económica”. La política se vacía de ideas para convertirse en puro ejercicio de oposición negativa.
Lawfare: la judicialización de la política como arma
En este contexto, la derecha ha reforzado una estrategia que ya se vislumbraba durante los gobiernos de Zapatero: la instrumentalización del poder judicial para condicionar el campo político. Lo que en América Latina ha sido ampliamente analizado como lawfare —la utilización de procedimientos judiciales con fines de eliminación política— encuentra en España un terreno fértil gracias a la estructura corporativa y poco democratizada de la judicatura.
El sociólogo Boaventura de Sousa Santos ha descrito el lawfare como un mecanismo que sustituye la disputa democrática por la criminalización del adversario. Así ha ocurrido con Podemos —sometido a una catarata de causas que se desinflaron en los tribunales pero triunfaron en los titulares— y ocurre hoy con la política de diálogo con Cataluña. La justicia, lejos de ser neutral, se convierte en “poder político paralelo”, al servicio de una reacción conservadora que no acepta su pérdida de hegemonía en las urnas.
La herencia del franquismo sociológico
Para comprender esta dinámica es necesario volver a la transición. Autores como Gregorio Morán o Josep Fontana han mostrado cómo la democratización española se construyó sobre una negociación con el franquismo que preservó buena parte de sus aparatos de poder. La judicatura es un ejemplo evidente: no hubo depuración, y la cultura corporativa permaneció intacta.
De ahí que hablemos de un “franquismo sociológico”, en palabras de Amando de Miguel, que impregna instituciones y mentalidades. La derecha española no asumió nunca plenamente el juego democrático como campo de acuerdos: lo concibe más bien como una anomalía tolerable cuando gobierna, y como una amenaza intolerable cuando gobiernan otros.
Ayuso y la radicalización populista
La inanidad de Feijóo ha abierto espacio a un fenómeno paralelo: el ascenso de Isabel Díaz Ayuso como referente discursivo de la derecha. Inspirada en las estrategias comunicativas del trumpismo, Ayuso ha hecho del insulto, la exageración y la polarización su principal arma.
Pierre Rosanvallon ha explicado que las democracias contemporáneas enfrentan un riesgo de “simplificación populista” que destruye los espacios de mediación y convierte la política en espectáculo. Ayuso representa exactamente eso: la política reducida a titulares virales, donde la oposición se mide no por su capacidad de articular propuestas, sino por su talento para dinamitar cualquier puente. Su ascenso, además, empuja a Feijóo a una posición subordinada, incapaz de marcar agenda.
Bloqueo institucional y erosión democrática
El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial es el símbolo más claro de esta guerra total. El PP, en un ejercicio de desobediencia institucional sin precedentes, ha impedido durante años la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pese a que la Constitución lo exige. Esta actitud revela un desprecio por las reglas democráticas que, en cualquier otra democracia consolidada, sería inconcebible.
Como ha señalado Manuel Aragón, exmagistrado del Tribunal Constitucional, este bloqueo no es solo un conflicto político: es un deterioro de la propia arquitectura constitucional. La derecha se parapeta en la justicia para mantener un contrapeso artificial al Gobierno, en un uso instrumental que rompe el equilibrio de poderes.
La izquierda como resistencia democrática
En este escenario, la izquierda no puede limitarse a gestionar el Gobierno: debe convertirse en defensora activa de la democracia misma. Nancy Fraser, al hablar de las luchas por la justicia en sociedades capitalistas avanzadas, subraya la necesidad de vincular redistribución y reconocimiento: no basta con mejorar las condiciones materiales si no se desmontan las estructuras de deslegitimación simbólica.
Aplicado a España, esto implica dos tareas simultáneas:
• Defender las conquistas sociales logradas (subida del SMI, reforma laboral, leyes feministas).
• Denunciar la ofensiva reaccionaria como un ataque al pluralismo democrático, no como una mera discrepancia política.
Movimientos sociales y reapropiación democrática
La experiencia española demuestra que los grandes avances no se han conseguido solo desde los despachos: las mareas, el 15M, las huelgas feministas y ecologistas han sido motor de cambio. Ernesto Laclau señalaba que la hegemonía se construye articulando demandas sociales dispersas en un proyecto común. La izquierda institucional, en un contexto de guerra total, necesita recuperar esa capacidad de articulación.
La calle, las asociaciones vecinales, los sindicatos y los colectivos feministas y ecologistas son el terreno donde se disputa la legitimidad democrática frente a la narrativa de la derecha judicial-mediática. Allí puede recuperarse la idea básica de que la soberanía reside en el pueblo, no en un poder judicial corporativo ni en las tertulias de la prensa conservadora.
Democracia o reacción
Lo que se juega hoy en España no es un simple relevo de gobierno, sino el sentido mismo de la democracia. La inanidad de Feijóo ha dejado a la derecha sin proyecto político claro; pero lejos de abrir la puerta a la autocrítica o la renovación, ha provocado una deriva hacia la radicalización y el bloqueo.
La “guerra total” que la derecha y la judicatura han declarado a la izquierda es, en última instancia, un pulso entre dos modelos de país:
• Uno plural, inclusivo y democrático, capaz de dialogar y redistribuir.
• Otro autoritario, excluyente y centralista, que utiliza la ley como arma y no como garantía.
Como advirtió Antonio Gramsci, en tiempos de crisis “lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”, y en ese interregno proliferan los monstruos. España vive hoy ese interregno: un sistema político que se resiste a democratizar plenamente sus instituciones, y una derecha incapaz de aceptar las reglas del juego cuando no domina.
La tarea de la izquierda, más allá de gestionar el día a día, es contribuir a que lo nuevo —una democracia plena, feminista, plurinacional y social— pueda finalmente nacer.