Hay momentos en la historia de un país en los que conviene parar. Respirar. Y mirar atrás con honestidad para entender dónde estamos y, sobre todo, qué hay en juego. Este es uno de esos momentos.
España vive una paradoja casi surrealista: tenemos un gobierno que ha acumulado una hoja de servicios sociales y económica notable, una de las mejores del sur de Europa en lo que llevamos de siglo, y sin embargo está paralizado. Acorralado. Sometido a un ruido ensordecedor fabricado con ingredientes bien conocidos: dos casos de corrupción menores pero amplificados hasta la estratosfera, medios de comunicación alineados con una derecha que ya no se molesta en disimular, y el viejo Estado profundo haciendo lo que sabe hacer. Obstaculizar.
Vamos por partes.
Lo que este gobierno ha hecho, aunque no se lo cuente nadie
Empecemos por los datos. No por los titulares, sino por los datos.
Cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno en 2018 mediante una moción de censura históricamente necesaria, España arrastraba las cicatrices de una crisis brutal y de ocho años de recortes que habían desmantelado buena parte del estado del bienestar. La sanidad pública llegó a ponerse en cuestión. La educación perdió miles de docentes. Los desahucios llenaban las portadas cada semana. Y los salarios… los salarios estaban por los suelos.
¿Qué ha pasado desde entonces?
El salario mínimo interprofesional ha subido de 736 euros en 2018 a 1.221 euros en 2026. No es un detalle menor. Es la subida más importante en décadas y ha beneficiado directamente a más de dos millones y medio de trabajadores, la mayoría mujeres. Mientras otros países europeos debatían si era posible subir el SMI sin destruir empleo, España lo subía y el empleo crecía. Los datos lo decían, aunque algunos prefirieran no verlos.
Hablando de empleo: España ha batido su propio récord histórico de afiliación a la Seguridad Social. Más de 22 millones de cotizantes. Nunca en la historia democrática del país había habido tantas personas trabajando y cotizando. Esto tiene consecuencias directas y muy concretas: más ingresos para pagar las pensiones, más sostenibilidad del sistema, más gente con derechos laborales. Cosas, en definitiva, que se notan en la vida real.
Las pensiones, precisamente, son otro capítulo para enmarcar. Se han revalorizado por ley vinculándolas al IPC, poniendo fin a esa aberración que fue el factor de sostenibilidad del PP, que básicamente decía que cuantos más años vivieras, menos cobrabas. Las pensiones mínimas han subido de forma especial, protegiendo a quienes más lo necesitaban.
La reforma laboral de 2022, aprobada con el apoyo de sindicatos y patronal, ha sido reconocida internacionalmente como un modelo. Ha reducido drásticamente la temporalidad laboral, que era una auténtica vergüenza estructural de nuestro mercado de trabajo. España tenía tasas de temporalidad escandalosas, de las peores de Europa. Ahora, los contratos indefinidos son mayoría. No es retórica. Son millones de personas con más estabilidad, más capacidad de planificar su vida, más posibilidades de pedir una hipoteca o de tener hijos. Esas cosas cotidianas que dependen, en última instancia, de tener un contrato que no venza cada tres meses.
La Ley de Vivienda, polémica pero necesaria, ha intentado poner algo de freno a la especulación inmobiliaria que está dejando a una generación entera sin acceso a un techo digno. Con aciertos y con margen de mejora, sí. Pero al menos alguien ha decidido mirarlo de frente.
La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la ley del «solo sí es sí», introdujo un cambio de paradigma cultural y legal en la forma en que este país entiende el consentimiento. Sí, hubo problemas técnicos en la aplicación que derivaron en rebajas de condenas, y eso fue un error que se corrigió. Pero el marco conceptual es el correcto y Europa lo sabe: el Parlamento Europeo aprobó por votación que ese mismo modelo, que el consentimiento no se presume sino que se obtiene, debe aplicarse en toda la Unión Europea. Mientras la derecha española utilizaba los flecos técnicos de la ley para atacarla, Europa la estaba adoptando como referencia continental. Eso dice mucho de quién estaba en el lado correcto del debate.
La Ley Trans ha reconocido la autodeterminación de género, situando a España entre los países más avanzados del mundo en derechos LGTBI+. La ampliación de los permisos de paternidad hasta las dieciséis semanas ha equiparado, por fin, el tiempo de cuidado entre madres y padres en los primeros meses de vida. El ingreso mínimo vital ha llegado a cientos de miles de familias en situación de exclusión. La eutanasia, ese derecho que España llevaba décadas debiendo reconocer, es ya legal.
Y podríamos seguir.
El milagro económico que nadie quiere contar
Aquí es donde la paradoja se vuelve verdaderamente llamativa.
Existe una regla no escrita, casi una maldición histórica, que acompañaba a la economía española desde hace cincuenta años: cuando Europa se resfriaba, España cogía una pulmonía. Cuando el continente tosía, nosotros acabábamos en la UCI. Así fue en la crisis del petróleo de los setenta, así fue en la de los noventa, y así fue de manera brutal y humillante en la Gran Recesión de 2008-2013, cuando España llegó a tener más de seis millones de parados y una tasa de desempleo del 27%.
Esa maldición parecía inamovible. Era parte de nuestro ADN económico, decían algunos. La periferia del euro, condenada a amplificar cada sacudida del centro.
Y entonces llegó la pandemia. Y después la guerra en Ucrania. Y la inflación. Y la crisis energética. Y el mundo empezó a temblar otra vez.
Europa titubeó. Alemania, el motor del continente, entró en recesión técnica. Francia se complicó políticamente. El conjunto de la eurozona creció a ritmo de tortuga. Y España… España creció. Y siguió creciendo.
En 2023, España fue la economía grande de la eurozona que más creció, con un 2,5% de PIB. En 2024, repitió en el podio. El FMI y la OCDE han revisado al alza sus previsiones para España una y otra vez, mientras las bajaban para el resto de Europa. El turismo bate récords. La industria tecnológica se ha consolidado. La inversión extranjera ha crecido. Y el desempleo, aunque todavía alto comparado con la media europea, ha seguido cayendo.
Esta vez, cuando Europa se tambalea, España mantiene el rumbo. Es algo que no había pasado nunca en cincuenta años. Y merece ser dicho en voz alta, con todas las letras, aunque algunos prefieran cambiar de tema rápidamente.
La economía española ha roto, por primera vez en medio siglo, ese patrón de amplificación de las crisis europeas. No por casualidad. Por políticas. Por decisiones concretas. Por haber elegido estimular en lugar de recortar, como se hizo en 2010 con consecuencias desastrosas. La lección de la austeridad se aprendió, aunque costara carísima aprenderla.
Los casos Ábalos y Cerdán: corrupción real, pero con perspectiva
Y sin embargo. Y sin embargo…
Dos casos han enturbiado el panorama y han dado munición a la oposición y a sus altavoces mediáticos. El de José Luis Ábalos, exministro de Transportes del PSOE, con Koldo García como nexo central de una trama de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. Y el de Santos Cerdán, entonces diputado del Partido Socialista, cuyo problema fue la opacidad en la gestión de dietas y gastos. Dos casos distintos, dos personas que han tenido que asumir las consecuencias. Punto.
Porque a partir de ahí empieza la fabulación. La máquina del fango convirtió estos casos en el símbolo de un gobierno podrido de arriba abajo, en la prueba de que todos son iguales, en la excusa perfecta para equiparar lo incomparable. Y en esa falsa equivalencia, construida con bisturí mediático y repetida hasta la náusea, se ha instalado el debate político español.
Hablemos claro: son casos graves en términos individuales y éticos. La corrupción es corrupción. Pero poner esto en el mismo plano que la corrupción del PP requiere una desfachatez que solo se explica si nadie te exige coherencia.
La corrupción del PP: otra liga, otra escala, otro planeta
La trama Gürtel implicó al propio Partido Popular como organización durante décadas y costó al erario público cientos de millones de euros. Fue la mayor corrupción política organizada de la democracia española. El Tribunal Supremo condenó al PP como beneficiario directo de esa red. No a un ministro. Al partido.
La caja B, financiación ilegal sistemática durante años. El caso Kitchen, en el que el ministerio del Interior fue utilizado para espiar con fondos reservados a la oposición y destruir pruebas de la propia corrupción del partido. El caso Púnica. El caso Lezo. Los papeles de Bárcenas con su famosa «M. Rajoy» ¿quién será?. Podríamos llenar páginas.
Estamos hablando de corrupción estructural, de décadas, de miles de millones de euros robados a los ciudadanos. Y el PP nunca ha pedido perdón. No ha devuelto el dinero. No ha depurado a sus responsables. Ha esperado, con paciencia de reptil, a que pasara el tiempo y la memoria se diluyera.
Eso no tiene comparación posible con los casos Ábalos y Cerdán. Ninguna. Pero la narrativa mediática ha trabajado duro para que parezca que sí.
La maquinaria del ruido y el Estado profundo: nombres y apellidos
No es casual. Ni espontáneo. Tiene autores.
Y para entender lo que está pasando no hace falta recurrir a teorías abstractas. Basta con mirar dos casos concretos y compararlos con los ojos bien abiertos.
El caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de filtrar información sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Un caso inusual donde los haya, con una instrucción que ha avanzado a una velocidad que solo se explica por el enorme interés político en que prosperase. Citaciones exprés, diligencias urgentes, cobertura mediática garantizada. La maquinaria judicial funcionando a toda marcha.
Y luego, en el otro extremo del espectro, el caso del novio de la propia Ayuso, Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal. Un caso con pruebas documentales sólidas, confesado incluso antes de ser imputado formalmente, que avanza… despacio. Con una parsimonia que contrasta de manera casi obscena con la celeridad del anterior.
Pero hay más. Porque mientras todo eso ocurre, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, campea a sus anchas. El mismo MAR que filtró a los medios afines información fiscal privilegiada sobre el caso del novio de su jefa, información que solo podía proceder de fuentes internas del Estado, no ha sufrido consecuencia judicial digna de ese nombre. Ha interferido, ha revelado datos que no debería tener, ha actuado como si las leyes fueran para otros. Y nadie con toga le ha puesto la mano encima.
¿Alguien puede explicar esa asimetría sin recurrir a la palabra «política»? Porque yo no soy capaz.
España tiene un ecosistema mediático muy particular. Varios grandes grupos de comunicación están ideológicamente alineados con la derecha y tienen intereses económicos directamente vinculados a que el PP vuelva al gobierno. Algunos de sus cabecillas llevan años haciendo periodismo de trinchera, no de información. La diferencia entre uno y otro es importante: el periodismo de trinchera no informa, instala marcos, construye relatos, amplifica lo que le conviene y silencia lo que no.
Esa maquinaria ha trabajado a pleno rendimiento. Cada error del gobierno, real o construido, amplificado hasta el paroxismo. Cada logro, ignorado o relativizado. El resultado es una percepción pública distorsionada en la que muchos ciudadanos tienen una imagen del gobierno radicalmente peor que la que justificarían los datos objetivos. Eso no es información. Es propaganda. Y hay que llamarla por su nombre.
Y luego está el Estado profundo. Una expresión que suena conspiranoica pero que describe una realidad estructural bien documentada: parte de la judicatura, parte de las fuerzas de seguridad, parte de la fiscalía, llevan décadas colonizadas por personas con lealtades ideológicas muy claras. El Tribunal Constitucional tardó años en renovarse por el bloqueo del PP. El Consejo General del Poder Judicial estuvo más de cuatro años en funciones por el mismo motivo, convirtiendo la obstrucción institucional en táctica política normalizada.
No se trata de afirmar que todos los jueces y fiscales sean agentes al servicio de un partido. Pero sí existe una cultura institucional en ciertos estamentos que históricamente ha sido más cómoda con los gobiernos de derechas y más hostil con los de izquierda. Eso no es una fantasía: está documentado, estudiado y reconocido por juristas y politólogos de todo el espectro. Y las comparaciones de celeridad procesal que acabo de describir son su expresión más visible y más escandalosa.
Lo que está en juego: seamos claros
Y llegamos al punto que no admite eufemismos.
Si la derecha llega al gobierno —el gobierno PP-VOX que ya han ensayado en varias comunidades autónomas con resultados bien conocidos— lo que está sobre la mesa no es un simple cambio de ciclo político. Es un retroceso. Uno serio.
Es el modelo social que hemos construido en décadas. El Estado del bienestar que garantiza que si te pones enfermo no te arruinas, que tus hijos pueden ir a la universidad pública, que cuando llegas a viejo tienes una pensión digna. Ese modelo está en el punto de mira de una derecha que ha gobernado Comunidades Autónomas desmantelando la sanidad pública, privatizando servicios esenciales y recortando derechos laborales con entusiasmo genuino, no por necesidad.
VOX no disimula sus intenciones: derogar la ley de violencia de género, eliminar el Ministerio de Igualdad, revertir el matrimonio igualitario si pudiera, criminalizar la inmigración de manera sistemática. No son interpretaciones maliciosas ni propaganda del adversario. Son sus propuestas explícitas, escritas en sus programas y defendidas en sus mítines con orgullo.
Y en términos de corrupción, la ironía mayor es que quienes han convertido la lucha contra ella en su bandera de ataque son los mismos que han gobernado con la corrupción más sistemática y costosa de la democracia española. El PP no ha hecho examen de conciencia. No ha pedido perdón. No ha devuelto nada. Ha esperado a que la gente se olvidara. Y una parte de la gente, ayudada por los medios adecuados, se ha olvidado.
Un momento que no admite indiferencia
La democracia española es joven. Cuarenta y seis años no son nada en términos históricos. Y como toda democracia joven, tiene vulnerabilidades reales. Instituciones que no siempre funcionan con la independencia que deberían. Una cultura de separación de poderes que todavía se está consolidando. Medios de comunicación que en demasiados casos han elegido el bando antes que la información. Y un Estado profundo que en algunos de sus rincones todavía no ha terminado de asumir que vivimos en democracia.
En ese contexto, lo que está en juego no es solo quién gobierna los próximos cuatro años.
Es si España consolida su camino hacia una democracia plena, con derechos robustos, instituciones verdaderamente independientes y un modelo social que proteja a los más vulnerables. O si retrocede.
La economía española ha roto por primera vez en cincuenta años la maldición de amplificar las crisis europeas. Eso es un logro histórico que merece ser celebrado, protegido y defendido con uñas y dientes. Las conquistas sociales de esta legislatura —el SMI, la reforma laboral, las pensiones, los derechos LGTBI+, la eutanasia, una ley de consentimiento que Europa ha querido hacer suya— son conquistas de la ciudadanía, no solo del gobierno. Costará mucho recuperarlas si se pierden. Más de lo que mucha gente imagina.
Y frente a todo eso, los expertos en corrupción estructural, en privatización de servicios públicos y en retroceso de derechos civiles esperan su turno, con paciencia, con sus medios, con sus jueces y con su relato ya preparado.
Parar y mirar atrás sirve para saber lo que hemos ganado.
Ahora hace falta tener claro lo que podemos perder. Y actuar en consecuencia.