Cuando falleció el dictador Francisco Franco en 1975, el nuevo Estado que empezaba a emerger no partía de un terreno neutral, sino de una arquitectura institucional profundamente moldeada por casi cuatro décadas de nacional-catolicismo. La dictadura había construido un modelo en el que la Iglesia Católica no solo era un actor religioso, sino un pilar estructural del régimen, con un papel central en la educación, la moral pública y la legitimación ideológica del poder. La llamada Transición democrática heredó esa realidad material, y una de sus decisiones más trascendentales —y menos cuestionadas en su momento— fue mantener una relación privilegiada con la Iglesia a través de los acuerdos firmados en 1979 con la Santa Sede.
La justificación de esta continuidad fue, en gran medida, pragmática. El Estado español carecía de una red educativa pública suficientemente extensa y consolidada para garantizar la escolarización universal sin el apoyo de las instituciones religiosas. Durante décadas, la Iglesia había llenado ese vacío, construyendo centros educativos que el franquismo no solo toleró, sino que promovió activamente. En un país con déficits estructurales graves, una economía aún débil y un aparato administrativo en proceso de transformación, romper de forma abrupta con esa infraestructura parecía arriesgado.
Sin embargo, lo que pudo entenderse como una concesión táctica en un contexto de necesidad se convirtió, con el paso del tiempo, en una anomalía estructural.
La Transición: pragmatismo o renuncia
La aprobación de la Constitución Española de 1978estableció formalmente que ninguna confesión tendría carácter estatal. Este principio parecía inaugurar un horizonte laico. No obstante, el mismo texto constitucional introdujo una ambigüedad significativa al afirmar que los poderes públicos mantendrían relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas.
Esta fórmula, aparentemente equilibrada, escondía una asimetría evidente. La Iglesia Católica no partía desde una posición de igualdad con otras confesiones, sino desde una posición de hegemonía histórica, patrimonial y organizativa. Los acuerdos de 1979 no fueron, por tanto, un simple reconocimiento de una realidad plural, sino la consolidación jurídica de un privilegio heredado del franquismo.
Desde una perspectiva crítica, cabe preguntarse si esta decisión fue inevitable o si respondió también a la correlación de fuerzas políticas e ideológicas del momento. La Transición no fue una ruptura revolucionaria, sino un proceso negociado en el que muchas estructuras del régimen anterior permanecieron intactas. La Iglesia, lejos de ser un actor marginal, participó activamente en ese proceso, presentándose como garante de estabilidad.
Pero estabilidad para quién y en qué términos.
La educación como campo de batalla
El ámbito educativo es, probablemente, el terreno donde esta herencia ha tenido consecuencias más duraderas. El sistema de conciertos educativos, que financia con dinero público centros privados —en su mayoría religiosos—, se consolidó como una solución híbrida: permitía ampliar rápidamente la oferta educativa sin asumir el coste total de construir y gestionar centros públicos.
A corto plazo, esta fórmula facilitó la universalización de la educación. A largo plazo, consolidó una red paralela que compite con la escuela pública por recursos, alumnado y legitimidad.
Este modelo plantea una contradicción fundamental. Un Estado que se define como aconfesional financia de forma estructural instituciones cuya misión incluye la transmisión de una doctrina religiosa específica. Aunque estos centros están obligados a cumplir determinados requisitos curriculares, mantienen un margen significativo para preservar su identidad confesional.
Desde una óptica de izquierdas, esto no es un detalle menor, sino un problema de fondo. La educación no es solo un servicio, sino un espacio de construcción de ciudadanía. Delegar parte de esa función en instituciones religiosas implica renunciar parcialmente a la construcción de un espacio común verdaderamente secular.
La cronificación de la dependencia
Lo más significativo no es tanto la decisión inicial, sino la incapacidad —o la falta de voluntad política— para revertir esta situación en las décadas posteriores.
Durante los gobiernos de PSOE en los años ochenta, existió una oportunidad histórica para fortalecer de forma decisiva el sistema público. El ejecutivo de Felipe González impulsó reformas importantes, pero no cuestionó el modelo de conciertos. En lugar de reducir progresivamente la dependencia de la red concertada, la integró como una pieza permanente del sistema.
Este hecho resulta especialmente revelador. No puede explicarse únicamente por la falta de recursos, ya que España experimentó un crecimiento económico significativo en las décadas siguientes. Más bien apunta a una aceptación estructural del modelo, incluso por parte de fuerzas políticas que, en teoría, defendían un proyecto laico.
Aquí emerge una hipótesis incómoda: la dependencia ya no respondía a la necesidad, sino a la conveniencia.
El sistema concertado permitía ampliar la oferta educativa sin asumir plenamente los costes políticos y financieros de una expansión masiva de la red pública. Al mismo tiempo, evitaba un conflicto directo con una institución que conservaba una enorme influencia social.
Poder, ideología y reproducción social
Desde una perspectiva crítica, es necesario analizar también las implicaciones sociales de este modelo.
Los centros concertados no son simplemente una alternativa pedagógica. En muchos casos, funcionan como mecanismos de segregación social. Aunque reciben financiación pública, pueden aplicar criterios de admisión y dinámicas internas que favorecen la concentración de determinados perfiles socioeconómicos.
Esto contribuye a fragmentar el sistema educativo y a debilitar el principio de igualdad.
La escuela pública, en cambio, asume de forma desproporcionada la responsabilidad de escolarizar al alumnado más vulnerable. Esta asimetría no es accidental, sino una consecuencia lógica de un modelo que combina financiación pública con gestión privada.
Desde esta perspectiva, la cuestión del concordato no es solo un debate religioso, sino un debate sobre el modelo de sociedad.
La persistencia de los privilegios
Más de cuarenta años después de la firma de los acuerdos con la Santa Sede, España es un país profundamente diferente. La secularización social ha avanzado de forma notable. La práctica religiosa ha disminuido. Las nuevas generaciones tienen una relación mucho más distante con la Iglesia.
Sin embargo, el marco jurídico permanece prácticamente intacto.
La Iglesia sigue disfrutando de ventajas fiscales, financiación pública y una presencia significativa en la educación.
Esta persistencia revela una inercia institucional difícil de explicar únicamente por razones prácticas. Más bien sugiere la existencia de un equilibrio político en el que ningún actor dominante ha considerado prioritario modificar esta situación.
La pregunta, entonces, no es solo por qué se firmaron esos acuerdos, sino por qué siguen vigentes.
El mito de la inevitabilidad
Uno de los argumentos más frecuentes para justificar esta continuidad es el coste que tendría una ruptura.
Se afirma que eliminar los conciertos educativos generaría un colapso del sistema o requeriría una inversión inasumible.
Este argumento merece ser examinado críticamente.
Todos los sistemas educativos son el resultado de decisiones políticas. La red pública no es una realidad natural, sino una construcción histórica. Su expansión o su debilitamiento dependen de la voluntad política.
La dependencia actual no es un destino inevitable, sino la consecuencia de décadas de decisiones que han priorizado un modelo mixto.
La cuestión de fondo: qué significa un Estado laico
El debate sobre el concordato no es, en última instancia, un debate técnico, sino político y filosófico.
¿Qué significa realmente que un Estado sea laico?
¿Implica simplemente la ausencia de una religión oficial, o exige también la neutralidad activa de las instituciones públicas?
Desde una perspectiva crítica, la laicidad no consiste únicamente en tolerar todas las creencias, sino en garantizar que ninguna de ellas reciba un apoyo estructural privilegiado por parte del Estado.
Esto no implica perseguir la religión, sino separar claramente las esferas.
¿Es posible una ruptura?
La denuncia de los acuerdos con la Santa Sede es jurídicamente posible. No existe un impedimento insalvable. Lo que existe es un equilibrio político que ha desincentivado ese paso.
Romper con este modelo requeriría una estrategia gradual, una inversión sostenida en la red pública y una redefinición del papel del Estado en la educación.
No sería un proceso inmediato ni sencillo.
Pero tampoco es imposible.
Una anomalía democrática
Desde una perspectiva de izquierdas, la persistencia del concordato representa una anomalía democrática.
No porque la Iglesia exista o participe en la vida social, sino porque lo haga desde una posición institucional privilegiada heredada de un régimen no democrático.
La democracia no consiste solo en celebrar elecciones, sino en revisar críticamente las estructuras heredadas.
La pregunta no es si el Estado debe prohibir la educación religiosa, sino si debe financiarla.
Necesidad o elección
La necesidad pudo explicar el origen de esta relación privilegiada.
Pero no explica su continuidad.
Hoy, la dependencia no es el resultado de una carencia inevitable, sino de una elección política sostenida en el tiempo.
La cuestión, por tanto, no es cuándo será posible denunciar el concordato, sino cuándo existirá la voluntad política y social para hacerlo.
Y esa voluntad no surgirá únicamente desde las instituciones, sino desde un debate público que cuestione las inercias heredadas y plantee, de forma abierta, qué modelo de Estado y qué modelo de educación se desea construir.
Porque, en última instancia, la laicidad no es solo una cuestión jurídica, sino una cuestión de proyecto democrático.