Cuando en un escenario cultural global se pronuncia la frase “Nadie es ilegal en tierra robada” (Billie Eilish), no se trata solo de una provocación retórica, sino de una interpelación histórica, política y moral. La idea cuestiona la legitimidad de fronteras construidas sobre despojos coloniales y recuerda que la movilidad humana ha sido una constante mucho antes de que existieran los Estados nación. En este contexto, las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump en su actual mandato representan uno de los ejemplos más agresivos de criminalización institucional de la migración en la historia reciente de Estados Unidos.

Desde su regreso al poder en 2025, Trump ha intensificado una agenda migratoria basada en el miedo, la securitización y la deshumanización. Órdenes ejecutivas como la Executive Order 14159, titulada “Protecting The American People Against Invasion”, amplían el uso de deportaciones aceleradas, penalizan a personas indocumentadas por no registrarse y recortan fondos a jurisdicciones consideradas “santuarios”. El propio título del decreto es revelador: denominar la migración como una “invasión” implica presentar a personas vulnerables como una amenaza militar, transformando la búsqueda de refugio o trabajo en un acto hostil.

Este lenguaje no es neutral. Las palabras moldean percepciones públicas y legitiman políticas. Hablar de “invasión” convierte a los migrantes en enemigos, y no en seres humanos con historias, familias y derechos. El resultado es una narrativa que normaliza medidas extremas: redadas masivas, centros de detención saturados, separación de familias y deportaciones a gran escala.

Uno de los pilares más polémicos del actual mandato es la tentativa de restringir la ciudadanía por nacimiento mediante la Executive Order 14160, que busca reinterpretar la Decimocuarta Enmienda para negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal. Aunque los tribunales han bloqueado repetidamente su implementación, la intención política es clara: redefinir quién merece ser estadounidense y quién no, en términos que recuerdan prácticas históricas de exclusión racial.

Esta política no solo apunta a controlar flujos migratorios; apunta a redefinir la identidad nacional bajo una lógica etnonacionalista. La ciudadanía deja de ser un derecho constitucional universal y pasa a convertirse en un privilegio condicionado por origen, estatus legal y, de manera implícita, raza.

La intensificación de las deportaciones también es evidente en iniciativas como la One Big Beautiful Bill Act, que destina decenas de miles de millones de dólares a seguridad fronteriza, expansión de centros de detención, contratación masiva de agentes de ICE y construcción de muros. Esta ley prioriza el castigo sobre la integración, la fuerza sobre la política social, y la represión sobre las soluciones estructurales a la migración.

Paralelamente, operaciones como Operation Metro Surge han ampliado las redadas migratorias en grandes áreas metropolitanas, incluyendo acciones dirigidas explícitamente contra comunidades de origen somalí en Minnesota, acompañadas de declaraciones de Trump en las que calificó a ciertos migrantes como “basura”  . Este tipo de lenguaje no solo es ofensivo: refuerza estereotipos raciales, criminaliza comunidades específicas y legitima prácticas discriminatorias.

La deportación masiva de venezolanos en 2025, amparada en una proclamación que invocó la Alien Enemies Act bajo la premisa de combatir organizaciones criminales, es otro ejemplo de cómo se construyen justificaciones colectivas para castigar a poblaciones enteras. Aunque se alegue la lucha contra el crimen, la aplicación generalizada sobre personas de una nacionalidad específica revela un sesgo étnico y político.

Pero el racismo en las políticas de Trump no se limita a las leyes: se manifiesta de forma directa en su discurso. Su uso reiterado de expresiones como que los inmigrantes están “envenenando la sangre del país” o que representan una “invasión” ha sido ampliamente documentado y criticado por organizaciones civiles y medios internacionales. Este tipo de retórica evoca imaginarios propios del nacionalismo étnico y la propaganda fascista, donde el “otro” es presentado como una amenaza biológica o cultural.

Las consecuencias de este discurso son tangibles. El clima de hostilidad hacia migrantes y representantes políticos racializados se ha intensificado. Recientes ataques contra la congresista Ilhan Omar han sido vinculados por observadores y legisladores a la retórica xenófoba promovida por Trump, quien incluso ha sugerido su deportación pese a ser ciudadana estadounidense. La normalización del odio verbal crea un entorno donde la violencia simbólica puede convertirse en violencia real.

Además, la aplicación práctica de estas políticas ha generado graves abusos humanitarios. Casos recientes de detención de menores por ICE, incluidos niños pequeños retenidos en centros con condiciones precarias, han provocado indignación pública y reprimendas judiciales hacia la administración Trump por trato inhumano. Cuando el Estado trata a niños migrantes como criminales, queda en evidencia la dimensión moral de la política migratoria: no se trata solo de control fronterizo, sino de qué vidas se consideran dignas de compasión.

El componente racial de estas políticas es imposible de ignorar. Aunque Trump afirma que sus medidas buscan combatir la “ilegalidad” o el “crimen”, en la práctica el foco se dirige de manera desproporcionada hacia migrantes latinoamericanos, africanos y de países del Sur Global. La frontera sur es presentada como el epicentro del peligro; las comunidades blancas europeas rara vez son retratadas con el mismo nivel de sospecha.

Este patrón revela un racismo estructural que opera tanto en la selección de objetivos como en la narrativa que los rodea. La migración no es percibida como un fenómeno humano universal, sino como una amenaza cuando proviene de determinados orígenes raciales o culturales.

En este punto, la frase “Nadie es ilegal en tierra robada” adquiere un significado político profundo. Estados Unidos, como muchas naciones modernas, se construyó sobre territorios arrebatados a pueblos indígenas y sobre el trabajo de poblaciones esclavizadas y migrantes. Calificar a los recién llegados como “ilegales” ignora esa historia de despojo y movilidad forzada. La ilegalidad no es una condición natural; es una categoría creada por sistemas de poder para controlar, excluir y jerarquizar.

Más aún, la insistencia de Trump en la deportación masiva —prometida como “la mayor operación de deportación de la historia”— refuerza la idea de que ciertos cuerpos son prescindibles, expulsables y desechables. No es solo una política de control; es una política de purificación simbólica, donde la nación se imagina como un cuerpo que debe ser “limpiado” de elementos considerados ajenos.

Sin embargo, esta visión ignora una realidad fundamental: la migración es un fenómeno global impulsado por desigualdades económicas, conflictos, crisis climáticas y vínculos históricos —muchos de ellos generados o exacerbados por las propias potencias occidentales. Castigar a quienes huyen de esas condiciones es una forma de externalizar responsabilidades y perpetuar injusticias.

Criticar las políticas migratorias actuales de Trump no es únicamente un ejercicio ideológico; es una defensa de principios democráticos básicos: igualdad ante la ley, dignidad humana y memoria histórica. La securitización extrema de la migración no resolverá las causas profundas del fenómeno. Solo producirá más sufrimiento, más división y más racismo institucionalizado.

En última instancia, la pregunta no es si las fronteras deben existir, sino qué tipo de sociedad se construye cuando se decide que algunos seres humanos son intrínsecamente sospechosos, indeseables o expulsables. Si nadie es ilegal en tierra robada, entonces lo verdaderamente ilegítimo no es cruzar una frontera, sino negar la humanidad de quien la cruza.