La justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde.
Parece que la aplicación de este principio es lo que ha impulsado a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, a anunciar el final de una práctica vejatoria, a mi juicio, en la asignación de viviendas públicas a los más necesitados.
Hasta ahora cada vez que una familia, con escasos recursos económicos, necesitaba acceder a una vivienda mínimamente digna, debía apuntarse en una lista endemoniada y esperar.
Esperar, en el mejor de los casos, varios años viviendo cada momento con ansiedad y cada sorteo fallido con indignación.
El final de esta práctica burocrática e insensible ha de acompañarse de un sistema de selección eficaz, rápido y honesto, en donde las familias dejen de ser simples números y se conviertan en sujetos de una «verdadera» política social.
Se ha de evaluar cada caso concreto y para esto se han de dedicar más recursos de la administración asegurando de esta forma la confiabilidad de los resultados de cada evaluación.
De la honestidad del nuevo proceso no me cabe ninguna duda, sobretodo conociendo el talante e integridad de la vicepresidenta del ejecutivo canario.
Este inicio de legislatura ha pasado ya ciertas pruebas de resistencia y nos está dejando decisiones, que como ésta, anuncian un horizonte de esperanza para aquellas familias que no tienen casi otra cosa que no sea eso, esperanza.
La legislatura, aún incipiente, se vislumbra interesante sobre todo porque se comienza a ver que hay verdadera intención de cambiar las cosas a mejor y no conformarse con el funcionamiento establecido durante décadas.
Habrá que aplicar también soluciones imaginativas a cuestiones como el desempleo que azota al archipiélago e intentar los cambios necesarios que consigan que nuestros jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral y en muchos casos incluso regresar del «exilio laboral» que padecen en estos momentos.
Confianza no nos falta.